En un nuevo hito para la arquitectura del bienestar y el autogobierno vasco, los gobiernos español y vasco han puesto fin a años de desequilibrios financieros en materia de cuidados y que provocaba que la mayor parte se tuviese que asumir desde las instituciones vascas. Pues bien, a partir del 1 de enero del próximo año, el Estado asumirá el 50% de los gastos de dependencia derivados del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) que se realicen en Euskadi. Este compromiso se traducirá en una aportación récord de 407,2 millones de euros para el ejercicio 2027, lo que supone más del doble de lo que recibió la CAV el año pasado.
Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, tras rubricar un pacto que marca un antes y un después en las cuentas públicas vascas. El acuerdo, cerrado de manera telemática en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE) el pasado 9 de julio, aprueba la financiación complementaria del sistema de dependencia, garantizando una transición ordenada y una inyección económica progresiva y sostenida en el tiempo.
Una escalada financiera sin precedentes
Para comprender la magnitud de este pacto, es necesario observar la evolución de las cifras a corto plazo. La nueva metodología de cálculo acordada no solo impactará en el futuro, sino que ya supone un incremento notable de la aportación para este mismo año 2026, aunque tal y como aseguró el consejero de Hacienda y Finanzas el verdadero salto se dará el próximo 1 de enero.
En concreto, la escalada de la aportación estatal dibujará una curva ascendente: en 2024, Euskadi recibió 153,3 millones de euros; en 2025, la cifra ascendió a 166,5 millones; para este 2026, el montante escalará hasta los 280,4 millones, antes de dar el salto definitivo a los 407,2 millones estimados para 2027. Esta progresión responde a una demanda histórica de las instituciones vascas, que durante años han soportado con fondos propios el peso principal de un sistema de cuidados cada vez más tensionado por el envejecimiento poblacional.
De hecho, este hito financiero no será exclusivo de Euskadi, aunque su articulación aquí tenga características propias. El Congreso de los Diputados aprobó este martes la reforma de la ley de dependencia para garantizar por ley que el Estado asumirá el 50% de la financiación en todas las comunidades autónomas, homologando así el suelo de gasto estatal en todo el territorio.
El "blindaje" del autogobierno frente a cambios legislativos
Más allá del indudable impacto económico, el consejero D'Anjou ha puesto especial énfasis en la seguridad jurídica del pacto. El acuerdo está "protegido" y blindado gracias a su inclusión en el modelo del Concierto Económico. Esto significa que el nivel de financiación pactado no se verá condicionado por posibles modificaciones legislativas futuras que pudieran aprobarse en las Cortes Generales. Este carácter de permanencia, inherente a la bilateralidad del sistema foral, ofrece una certidumbre presupuestaria vital para las administraciones que gestionan estos fondos en el día a día.
En Euskadi, la competencia y gestión directa de la dependencia recae sobre las diputaciones forales, que serán, en última instancia, las receptoras de estos fondos. Conscientes de esta realidad, la rueda de prensa de presentación ha contado con el respaldo unánime de las diputadas forales de Hacienda: Itziar Gonzalo de Zuazo (Araba), Itxaso Berrojalbiz (Bizkaia) e Itziar Agirre (Gipuzkoa). Las tres han cerrado filas para resaltar la trascendencia de este acuerdo, subrayando la importancia vital de fortalecer las políticas sociales en una sociedad cada vez más envejecida y la imperiosa necesidad de ampliar la atención ciudadana con mayores y mejores recursos.
Un largo camino de negociación técnica y política
El éxito de la jornada del 9 de julio no es fruto de la improvisación. La génesis de este acuerdo se remonta al 10 de abril de 2025, fecha en la que ambas administraciones alcanzaron un principio de acuerdo para elevar la cobertura estatal al 50%. Para materializar aquella voluntad política, se constituyó un grupo de trabajo específico encargado de diseñar una metodología de aplicación rigurosa.
Tras meses de intenso análisis y una reunión intermedia clave celebrada el 25 de marzo de 2026, la metodología definitiva ha visto la luz. Este sistema técnico toma como base el "gasto total ajustado" de las administraciones vascas en Dependencia, aplicando criterios de homogeneización para calcular anualmente la financiación complementaria exacta que corresponde a Euskadi.
Este acuerdo histórico no es un hecho aislado, sino que cierra un ciclo de intensa actividad negociadora en la presente legislatura. Esta ha sido la sexta Comisión Mixta celebrada desde noviembre de 2024, un periodo en el que se han alcanzado nada menos que 46 acuerdos de diversa índole.
Estas cifras escenifican la vigencia y la enorme capacidad del Concierto Económico como instrumento de diálogo y consenso bilateral entre Euskadi y el Estado. Pero, sobre todo, este último pacto aterriza la macroeconomía en la realidad cotidiana de la ciudadanía, reforzando un principio fundamental para el Ejecutivo vasco: mayor autogobierno se traduce directamente en mayor bienestar. Ante el ineludible desafío de la transición demográfica, Euskadi cuenta ahora con un músculo financiero renovado y protegido para garantizar el cuidado de sus ciudadanos más vulnerables.
Satisfacción en las diputaciones forales
Por su lado, la diputada foral de Hacienda de Araba, Itziar Gonzalo, ha especificado que el Estado va a asumir progresivamente hasta el 50% del gasto ajustado de las administraciones vascas a partir de 2027, con un primer escalón del 36,5% en el ejercicio 2026.
"Se trata de una financiación complementaria vinculada al gasto real certificado en servicios y prestaciones del catálogo de la Ley 39/2006, que supone la atención residencial, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, promoción de la autonomía y prestaciones económicas reconocidas, además de consolidar el papel de las instituciones vascas en la gestión de la dependencia", ha expuesto.
Gonzalo ha cifrado en 323,4 millones de euros el presupuesto que destina Araba a la dependencia, de esa cantidad, la mayor parte de ella se orienta al gasto social, lo que supone 930 euros por habitante.
Por su parte, la diputada foral de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha situado el gasto en este ámbito en los 453 millones en total para sufragar servicios esenciales como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche, la atención residencial, la asistencia personal o de las prestaciones para cuidados en el entorno familiar.
"Son servicios que mejoran la calidad de vida de las personas en Bizkaia y que también contribuyen a construir una sociedad más justa, más cohesionada y más solidaria", ha indicado, para destacar la "voluntad de acuerdo" de las cuatro instituciones vascas para "dotar a nuestros servicios de dependencia de una financiación más justa y acorde con el esfuerzo que desde hace años realizamos los territorios, las diputaciones forales y los ayuntamientos".
Por último, la diputada foral de Hacienda de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha resaltado que el acuerdo alcanzado "refuerza el autogobierno" para "responder a una realidad social propia, marcada por el envejecimiento de la población, el aumento de las situaciones de dependencia y la necesidad de avanzar hacia un modelo de cuidados cada vez más personalizado y sostenible".
Un acuerdo, ha dicho, "muy beneficioso" para las diputaciones, ya que "el reto de la dependencia está ocasionando unos incrementos presupuestarios muy importantes, que están provocando una tensión importante en los presupuestos forales".