El día que la península se quedó sin luz

El 28 de abril de 2025, a las 12:32 horas, una caída súbita del sistema eléctrico dejó sin suministro a 60 millones de personas en la península ibérica y parte del sur de Francia. La industria se detuvo, el transporte colapsó y los servicios esenciales activaron planes de emergencia. Al menos seis personas fallecieron y las pérdidas económicas ascendieron a unos 1.600 millones de euros, según la CEOE. La recuperación fue progresiva y desigual. Empezó a restablecerse en torno a las 13:00 horas y no se completó en todos los territorios hasta bien entrada la madrugada.

Causas del apagón

Un año después, se sigue analizando qué falló aquel día. El análisis apunta a una combinación de factores, no a una causa única. El panel de expertos de Entso-E identifica fluctuaciones de tensión, oscilaciones previas, desconexiones de generación, episodios de sobretensión y, finalmente, la pérdida de sincronismo con el sistema europeo. "No hay un único culpable. Y, de hecho, esa no era nuestra tarea. Nuestra tarea consistía en buscar las razones", explicó Klaus Kaschnitz, director de la investigación.

El presidente del Comité de Entso-E, Damian Cortinas, subrayó recientemente la excepcionalidad del episodio: "Este tipo de 'blackout' no existía, pero ahora sabemos que puede suceder y hay varias lecciones que podemos tomar de lo que ha pasado para prevenirlo en el futuro".

El origen se situó en el sur del Estado y se propagó con rapidez, aunque la interconexión europea actuó como cortafuegos en los Pirineos y evitó un impacto continental, en lo que los expertos resumieron como “una tormenta perfecta”. Pese a la activación de los planes de defensa, el informe concluye que “la naturaleza y magnitud de los eventos en cascada provocaron el colapso total de los sistemas español y portugués en cuestión de segundos”.

Aitor Urresti, investigador en transición energética de la EHU, descarta que el problema estuviera en las renovables: “Se decía que las renovables no eran capaces de regular la tensión del sistema, cuando en realidad el problema era que la normativa no les permitía participar en esos mecanismos de regulación. No se trataba de una limitación tecnológica, sino regulatoria”.

Aprendizajes

Una de las notas positivas que dejó el apagón fue la capacidad de respuesta del sistema eléctrico: “Se tuvo que realizar un arranque completo, algo que no se había hecho nunca a esa escala, y se hizo de forma ordenada, sin grandes contratiempos. Eso demuestra que, incluso en situaciones extremas, el sistema tiene mecanismos para recuperarse con rapidez”, señala el experto.

Esa capacidad de reacción, añade, permite mirar con cierta tranquilidad el futuro: “En caso de que se produjera un nuevo apagón, no estaríamos ante escenarios como los que se han visto en otros países, donde la recuperación ha tardado días o incluso semanas. Aquí la capacidad de reacción ha quedado demostrada”, añade el experto.

Expediente sancionador

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidida por Cani Fernández, ha abierto una veintena de expedientes sancionadores relacionados con el apagón a varias compañías del sector. El regulador asegura haber detectado "diversos indicios de incumplimiento" que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y que podrían constituir infracciones administrativas. En el caso de Red Eléctrica, la CNMC analiza posibles infracciones muy graves por un eventual incumplimiento de sus funciones como operador del sistema recogidas en la Ley del Sector Eléctrico.

El resto de expedientes se dirigen a distintas sociedades de generación: cinco a Iberdrola Generación, cinco a Endesa Generación, cinco vinculados a Naturgy, uno a Repsol Generación Eléctrica, dos a Ascó-Vandellòs y otro a Bahía de Bizkaia Electricidad. En estos casos se investigan posibles infracciones graves.

La CNMC subraya que la apertura de estos procedimientos no prejuzga el resultado final ni atribuye por sí sola la causa del apagón a las empresas afectadas. Insiste, además, en que el incidente tuvo un origen "multifactorial". Los expedientes tendrán una duración máxima de entre nueve y dieciocho meses, según la gravedad de cada caso, y las compañías podrán presentar alegaciones y proponer pruebas.

Refuerzo del sistema

El regulador sostiene que el 28 de abril de 2025 existían mecanismos técnicos y normativos suficientes para haber evitado el apagón. Cani Fernández rechaza que el sistema estuviera en "ningún momento" en vacío regulatorio y recuerda que ese día seguía vigente un procedimiento obligatorio de control de tensión, conocido por los agentes y el operador.

La responsable de Competencia subraya además que el mercado eléctrico ibérico ha cambiado con rapidez: "no se parece en nada" al de hace cinco años, ni siquiera al de hace dos, y seguirá transformándose en poco tiempo. Está en constante evolución, y nuestra función consiste en adaptar la regulación a esa realidad evolutiva del mercado", afirma. Esa adaptación, insiste, debe hacerse con garantías, mediante consultas públicas, grupos de trabajo y proyectos piloto cuando sea necesario.

En paralelo, el organismo impulsa reformas para reforzar la estabilidad del sistema: amortiguar las oscilaciones de tensión, mejorar la supervisión, reforzar las inspecciones y concretar responsabilidades en infraestructuras compartidas. Una revisión que alcanza también a otros sectores expuestos aquel día, como telecomunicaciones, gas, carburantes y red ferroviaria.

Red Eléctrica y las renovables se reivindican

Red Eléctrica niega cualquier causa atribuible al operador del sistema en el apagón. La empresa defiende que cumplió la normativa en todo momento y que los análisis previos situaban al sistema dentro de los estándares de seguridad vigentes. Recuerda, además, que buena parte de las recomendaciones europeas ya están incorporadas o en fase de implantación.

Desde el sector de las renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y otras asociaciones reclaman acelerar los cambios regulatorios para que energías como la solar, la eólica y el almacenamiento puedan aportar más estabilidad, incluida la capacidad de “control dinámico de tensión”. Sostienen que el crecimiento de la energía solar ha sido más rápido que la adaptación normativa de la red y defienden que una red más resiliente implica también un sistema “más limpio y barato”. Además, esperan que el episodio sirva como aprendizaje y refuerce la coordinación y la transparencia entre todos los agentes.

El Gobierno exige respeto

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sostiene que el apagón no debió producirse con la normativa vigente. “Con los elementos regulatorios y normativos existentes y con los mecanismos existentes, no debería haber ocurrido”, afirmó.

Al mismo tiempo ha pedido “máximo respeto” para las investigaciones de la CNMC y garantiza que el Ejecutivo no interferirá en el proceso, que seguirá “hasta su conclusión”. Aagesen recuerda que la apertura de expedientes no implica conclusiones y que será el regulador quien determine posibles responsabilidades en el caso de Red Eléctrica. Añade además que el Ministerio ha identificado desde el inicio posibles causas y ha propuesto mejoras, mientras la depuración de responsabilidades queda ahora en manos de la CNMC y de la vía judicial.

Alberto Ramos, profesor del Departamento de Energía y Combustibles de la Universidad Politécnica de Madrid, observa con preocupación la situación: “todos echan balones fuera sobre quién debe regular, invertir, autorizar o asumir el coste”. Una dinámica que complica la gestión. A su juicio, el sistema evoluciona más rápido que la normativa y eso, en el ámbito energético, “acaba pasando factura”.

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