El Defensor del Pueblo alerta de fallos en los sistemas de protección frente a la violencia machista

Actualizado hace 5 minutos

El informe del Defensor del Pueblo revela que sigue habiendo fallos en los sistemas telemáticos para la protección de las víctimas de violencia machista y muestra su preocupación por la violencia vicaria, "y los problemas generados por la fragmentación del conflicto familiar entre distintos juzgados".

La memoria 2025, presentada este martes, subraya la necesidad de que policías, fiscales y jueces instructores tengan más formación y herramientas de investigación para perseguir este tipo de delitos.

Además, desvela que los procesos de ejecución judicial "siguen dando fallos en los sistemas telemáticos, en la coordinación entre servicios y en la información a las víctimas o a las fuerzas de seguridad".

La queja más significativa, según el informe del Defensor, es la manipulación de las pulseras antimaltrato por los agresores para "causar un estado de permanente tensión" en la víctima.

Según el informe, "los quebrantamientos de condena (cuando los agresores incumplen las órdenes de alejamiento) son difíciles de perseguir y las víctimas permanecen en el miedo, incluso aunque tengan medidas de protección acordadas".

Quejas por "dificultades" de acreditación para menores víctimas de violencia vicaria

La institución ha recibido quejas de "dificultades" de acreditación para menores víctimas de violencia vicaria de género, ya que necesitan un previo reconocimiento de la madre como víctima para que puedan acceder al sistema.

En esta línea, el Defensor del Pueblo aboga por la acreditación de menores víctimas de violencia vicaria, "de manera que las comunidades autónomas puedan tener un procedimiento normalizado que garantice el acceso a sus derechos".

Igualmente, aborda la protección de los menores frente a la violencia vicaria de género y frente a la violencia sexual y avisa de que "cuando no hay investigación suficiente, la propia denuncia pone doblemente en riesgo a los menores, ya que, aun habiendo denunciado, siguen obligados a convivir con sus agresores, que son familiares cercanos, o sus propios padres".

Más de 38.000 quejas

El Defensor del Pueblo recibió un total de 38.144 quejas de los ciudadanos en 2025, 3.742 más que en 2024 (cuando fueron 34.402), la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, empleo, migraciones y política Social, asuntos de Interior, Educación y Sanidad.

Así lo recoge el Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El documento también será entregado el próximo 9 de abril al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado.

En concreto, la institución tramitó en 2025 un total de 38.762 expedientes (4.133 más que el año anterior, cuando fueron 34.629). De ellos, 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional sobre 16 normas.

Como consecuencia de los expedientes tramitados se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegó, al igual que el año pasado, de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Catalunya (3.702) y Valencia (3.458).

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras entregar el Informe Anual, Gabilondo ha constatado que este año "hay un incremento" en el número de quejas y lo ha atribuido a "muchas causas" citando, entre otras, "un desasosiego social, una confianza en las instituciones, la accesibilidad de la institución o que la Inteligencia Artificial ayuda a poder gestionar la elaboración de informes".

En todo caso, ha precisado que todos los años hay algunas referencias en el informe a problemas que "persisten a lo largo del tiempo" y que son "acuciantes" como "las dilaciones judiciales, las homologaciones de los estudios universitarios extranjeros, las listas de espera sanitarias, la atención al ciudadano a través de citas previas, los retrasos en expedientes de nacionalidad o la falta de personal sanitario en centros penitenciarios".

En concreto, entre las quejas recibidas en 2025, Gabilondo ha destacado que han "vuelto a constatar las dificultades de acceso a la vivienda, en compra y alquiler y la escasez de viviendas", preocupando especialmente la situación de "personas que comunicaron que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente". También han observado que "entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas".