El decreto principal de vivienda, el que tiene más visos de ser convalidado en la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, ha permitido suspender el desahucio de una familia con tres hijos menores de edad en Palma.
El lanzamiento estaba previsto para la mañana de este lunes en una vivienda ubicada en el número 16 de la calle Jordi Andreu Alcover, en el barrio de Son Oliva, según ha informado Stop Desahucios Mallorca.
Suspensión temporal
Sobre las 09.00 horas la familia ha sido notificada de la suspensión temporal del desahucio, acordada por un juzgado de Palma en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 29/2026, también conocido como el decreto Maricarmen. Tras ser tumbado por el Congreso de los Diputados, la norma volvió a ser aprobada por el Consejo de Ministros, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles y entró en vigor el jueves.
Dos intentos de desahucio
El lanzamiento judicial ahora paralizado es el segundo que afronta esta familia, que tiene un hijo con autismo y otro que está siendo sometido pruebas médicas para determinar si también tiene esta condición.
Mientras el primero fue por finalización del contrato de alquiler, que fue ganado por los inquilinos, este segundo viene a raíz de una serie de impagos.
Según han explicado desde Stop Desahucios, el padre perdió su trabajo e inició un procedimiento judicial al considerar que había sido despedido de forma improcedente. Durante el periodo de tiempo que se prolongó el caso, la familia no pudo hacer frente al pago del alquiler pero permaneció en el inmueble.
Una vez el hombre ganó la demanda y cobró la cantidad acordada trató de hacer frente a los impagos, pero el propietario ya había interpuesto la correspondiente denuncia, que pese a intentarlo no se pudo archivar.
El inmueble está catalogado como oficina
Según la documentación recabada por la entidad, la familia fue víctima de un "engaño", ya que firmó un contrato de alquiler de una vivienda cuando el inmueble en el que residen está catalogado como un local o una oficina.
El propietario, siempre de acuerdo con su versión, no es considerado un gran tenedor pero es un empresario que se dedica a diversas actividades y se sospecha que podría estar dedicándose a alquilar oficinas como viviendas sin legalizar. En cualquier caso, las dos partes están tratando de encontrar una vía que permita que, una vez suspendido el desahucio, la familia pueda permanecer en el inmueble.