Representantes de la mayoría sindical del comité de empresa de Tubos Reunidos han expresado en el Parlamento Vasco que el papel de las instituciones públicas ha sido hasta ahora "insuficiente" al exigir transparencia a la dirección, la fiscalización del dinero público inyectado o impulsar soluciones acordes a la gravedad de la situación actual, que exige "decisiones responsables" y un cambio de enfoque porque el ERE presentado como "imprescindible, no ha solucionado nada".
La comparecencia de esta representación del comité ha tenido lugar este martes, a petición de la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco, para que trasladaran "una valoración directa y la preocupación existente en torno al proceso de despido colectivo y expusieran la necesidad de abrir un debate real sobre el futuro industrial de la empresa".
Tanto en un primer turno como en respuesta a los representantes políticos, desde el comité han insistido en que "el problema de fondo ha sido y sigue siendo financiero, agravado por decisiones de gestión y dirección" y por un diagnóstico "erróneo" no derivado "ni de las condiciones de la plantilla ni de la huelga convocada", como se ha lanzado "interesadamente" desde la dirección para avivar la confrontación entre los propios trabajadores.
Tras incidir en que el problema era la "abultada deuda" originada en 2008 cuando se pidió un crédito de 170 millones de euros que se repartió entre los accionistas para pasar directamente a deuda, han acusado a la dirección de no haber garantizado la viabilidad del proyecto industrial.
A su juicio, todo el proceso que ha desembocado en el concurso de acreedores se ha desarrollado con una "evidente falta de transparencia", sin "un espacio real de negociación y sin la participación efectiva de la representación de la plantilla, mediante decisiones planteadas desde la imposición, sin compartir información clave ni permitir un contraste real de alternativas".
Tras indicar reiteradamente que desde el comité se tiene "la mano tendida", han asegurado que el proceso concursal "no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación pero, al mismo tiempo, abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas".
Tras afirmar que la suspensión del ERE y la paralización del despido colectivo marcan en su opinión "un punto de inflexión que permite reorientar el debate hacia donde siempre debió estar", han trasladado que, "a partir de aquí, el foco debe situarse en el verdadero núcleo del problema: la viabilidad industrial del proyecto y su sostenibilidad financiera".
Por ello, han asegurado que la suspensión de la huelga indefinida busca "hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística".