El CGPJ votará el martes a su próximo presidente entre siete candidatos

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará el martes, a las 10.00 horas, a su próximo presidente entre siete candidatos, todos magistrados del Tribunal Supremo.

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, los nombres propuestos son los de Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. 

El ala conservadora del nuevo Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto cuatro candidatos a la presidencia del órgano de gobierno de los jueces, entre ellos al magistrado de sensibilidad progresista Pablo Lucas, mientras que los vocales progresistas han puesto sobre la mesa tres, entre ellos Ángeles Huet, considera del ala conservadora.

Así lo explican a Europa Press fuentes jurídicas que apuntan que los vocales que han sido nombrados a propuesta del PP han buscado con sus candidatos (Pablo Lucas, Carmen Lamela, Antonio del Moral y Esperanza Córdoba) ofrecer nombres "fuertes" dentro de la carrera judicial que sean capaces de "aunar criterios".

En este sentido, destacan que "nadie puede dudar" de la valía, por ejemplo, de Antonio del Moral o de Carmen Lamela, de la que dicen que es "muy trabajadora y muy querida", que ha estado en diferentes tribunales --incluida la Audiencia Nacional--, "y es mujer".

Sobre la segunda de las mujeres propuestas por este bloque conservador, Esperanza Córdoba, explican que ha estado vinculada a la carrera desde siempre, que conoce el CGPJ por dentro, que no pertenece a ninguna asociación de jueces y que es capaz de conciliar grandes acuerdos y consensos. "A todo el mundo gusta", han apuntado estas fuentes.

Por otro lado, del magistrado Pablo Lucas, han explicado que es a propuesta de los conservadores a pesar de ser progresista porque "es el hombre que en el Supremo todo el mundo quiere" dado que es conciliador, de ideas de centro izquierda y ya ha sido candidato para Tribunal Constitucional. Añaden que es un magistrado "absolutamente independiente" que no responde a lógicas de bloques y es "respetadísimo" en Sala Tercera y fuera de la carrera judicial.

SE BUSCA LA EXCELENCIA Y LOS CONSENSOS

En definitiva, estas fuentes aseveran que cualquiera de los cuatro puede ser aceptado por el bloque progresista y que, previsiblemente, esa será la tesis que los conservadores sostengan en el pleno del día 30 de julio, cuando se debe elegir al presidente por una mayoría de tres quintos.

Por otro lado, sobre los candidatos que han puesto sobre la mesa los vocales nombrados a propuesta del PSOE, estas mismas fuentes indican que el de Ángeles Huet, a pesar de ser de sensibilidad conservadora, no termina de convencer. Con todo, explican que es una candidata que ha pasado a lo largo de su carrera por varios tribunales y que ya ha sido vocal del CGPJ, lo que puede sumar en su candidatura.

Además, sobre las magistradas Pilar Teso y Ana Ferrer, también propuestas por el bloque progresista y con una dilatada y reconocida carrera judicial, señalan que tienen el obstáculo de ser nombres que ya han sido puestos sobre la mesa por el Gobierno desde hace meses. Si bien su experiencia y autoridad en la carrera pesan a la hora de ser buenas candidatas, entienden que esto puede lastrar sus candidaturas habida cuenta de que el nombre del nuevo presidente debe emanar de los vocales y no del Ejecutivo. "Es muy complicado que salgan", resaltan.

En cuanto a la posibilidad de que sea una mujer quien esté al frente tanto del CGPJ como del Supremo, explican que si bien es una posibilidad, el ala conservadora se va a guiar por criterios de excelencia y por nombres que sí sean capaces lograr consensos en las decisiones del órgano de gobierno de los jueces.

Se da la circunstancia de que cuando se renovó el Tribunal Constitucional también hubo la posibilidad de que se escogiera como presidenta a la magistrada progresista María Luisa Balaguer, y en cambio al final fue Cándido Conde-Pumpido quien se erigió como presidente de la corte de garantías. Este precedente, cercano en el tiempo y que se ha producido durante el gobierno de Pedro Sánchez, podría ser tenido en cuenta a la hora de defender nombres que no sean de magistradas.