El colectivo ecologista Eguzki denuncia la inacción de las instituciones, en concreto del Ayuntamiento de Azkoitia y de la Agencia Vasca del Agua (URA), en la preservación del río Urola a su paso por esta localidad.
Residuos contaminantes
La localización de distintos residuos, algunos de ellos con un alto contenido contaminante, en el cauce ha llevado al colectivo a cuestionar la eficacia de la Ordenanza de Residuos aprobada por el Ayuntamiento y del protocolo de colaboración suscrito por ambas instituciones en 2019 para la conservación del río, la persecución de los vertidos y la limpieza del cauce.
Eguzki denuncia la acumulación constante de residuos tras revisar el cauce del Urola.
Entre los elementos localizados se encuentran una bicicleta, un patinete, una valla peatonal, conos de tráfico, calzado, prendas de vestir dentro de una bolsa de plástico, una valla de obra, palés de madera, embalajes de cartón, una señal de tráfico, un carro metálico de supermercado, un contenedor de reciclaje y la batería de un vehículo.
"Las evidencias físicas que presentaban algunos de esos objetos, cubiertos de lodo y hojarasca, confirman que no se trata de episodios puntuales de hace días, sino de vertidos asentados en el entorno desde hace un tiempo prolongado sin inspección ni retirada por parte de las autoridades", sostiene el colectivo.
Incumplimientos
Eguzki considera que la presencia de estos residuos demuestra que las instituciones competentes no han cumplido el compromiso de retirarlos adquirido con el protocolo de colaboración de 2019.
Además, critica que tampoco se estén investigando los vertidos ni tramitando los correspondientes expedientes sancionadores.
Según el colectivo, el protocolo "no fue concebido para garantizar una protección efectiva del río, sino para formalizar, a nuestro juicio, una dejación consciente de funciones".
Eguzki considera que el acuerdo reduce la intervención institucional a la retirada de residuos y desvirtúa las funciones de vigilancia y disciplina ambiental, convirtiendo a las administraciones en un servicio de limpieza financiado con fondos públicos.
"De este modo, se traslada a la ciudadanía el coste de la conducta contaminante y se favorece, en la práctica, la impunidad de quien la comete", afirma.
Calendario y sanciones
El colectivo ecologista también considera insuficiente el protocolo porque, según señala, no establece calendarios concretos, frecuencias mínimas de retirada ni plazos máximos de intervención. A su juicio, esta ausencia permitiría demorar la retirada de los residuos durante meses o incluso años sin que ello suponga formalmente un incumplimiento del acuerdo.
Eguzki cuestiona asimismo el argumento del Ayuntamiento de Azkoitia sobre la dificultad para localizar a los autores de los vertidos y defiende que la concienciación ciudadana y las labores de limpieza deben complementarse con medidas de vigilancia, investigación y sanción.
Demandas a las instituciones
En este contexto, el colectivo solicita al Ayuntamiento y a URA la retirada inmediata y la gestión controlada de los residuos localizados, con prioridad para los elementos potencialmente más peligrosos, como la batería de plomo-ácido y el extintor industrial.
También reclama la activación de los mecanismos de inspección, investigación y sanción previstos en la normativa, así como transparencia sobre los expedientes tramitados y las medidas preventivas adoptadas en el municipio.