Dos personas han resultado detenidas por desobediencia y resistencia en el desalojo en la madrugada de este martes de 334 acampados de la Acampada 26S de la Puerta del Sol, en una operación que desde la Delegación del Gobierno en Madrid han defendido asegurando que se trata de una medida de "último recurso" adoptada tras un "proceso de actuación gradual" y después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público.
Fuentes de la Delegación han precisado que el dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y servicios sociales.
A través de un comunicado recogido por Europa Press, la institución, dirigida por Pilar Trinidad desde hace una semana, responde así a las denuncias vertidas por la organización de la acampada, que ha acusado a las unidades antidisturbios de acometer una intervención "violenta" con el uso de "gas pimienta" que habría dejado varias personas heridas.
"Sin disturbios ni episodios de violencia"
Desde la Delegación reiteran que el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol se ha desarrollado "sin disturbios ni episodios de violencia" y ha agradecido la profesionalidad de quienes han intervenido en una actuación que ha permitido completar el desalojo "sin alteraciones violentas del orden público, bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad".
Según el texto de la Delegación, el Gobierno protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir una "finalidad reivindicativa común". Sin embargo, la institución subraya que dicho derecho "no es ilimitado" y que, tras más de un mes de protestas, se ha constatado un "cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada".
El desalojo de la acampada de Sol, en imágenes
En concreto, señalan que las principales organizaciones participantes se retiraron y que un gran número de las pernoctaciones correspondían ya a "personas sin hogar" y "colectivos vulnerables", lo que, sumado a "la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada" --comunicados por la Jefatura Superior de Policía de Madrid--, generó un "peligro concreto para personas y bienes".
Comunicaciones previas
La Delegación ha detallado que el desalojo no fue una acción sobrevenida, sino el resultado de semanas de mediación. Según el documento, el pasado 26 de octubre, el entonces delegado, Francisco Martín, remitió un escrito a los acampados advirtiendo de que el tiempo transcurrido era "razonable" para hacer llegar sus exigencias a la sociedad y planteando el fin de la protesta. Al no obtener respuesta, el 29 de octubre se envió un segundo requerimiento exigiendo el "desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad".
El 30 de octubre, los propios interlocutores de la acampada comunicaron la disolución de todas las comisiones organizativas y el fin de la reivindicación inicial, pese a lo cual permaneció un grupo "residual" que se negó a abandonar la plaza.
Ante esta situación y los informes de la Jefatura Superior de Policía sobre incidentes en el entorno, la delegada emitió un oficio solicitando restablecer la normalidad "llevando a cabo las acciones necesarias", aunque "siempre bajo los criterios proporcionalidad y oportunidad y con especial atención a las personas vulnerables".