Eliminación de barreras arquitectónicas, reforma de leyes, visibilidad o mayor inclusión son algunas de las mejoras que se han realizado a lo largo de los últimos años. Un avance normativo, institucional y cultural que, por desgracia, no oculta la brecha real que sigue existiendo. En relación al ámbito profesional, seis de cada diez personas con discapacidad en edad de trabajar se quedan fuera del mercado laboral. De hecho, el presidente de la patronal de centros especiales de empleo (CONACEE), Albert Campabadal, calcula que de los 4,4 millones de personas con discapacidad en el Estado solo unas 700.000 están activas: "La mayoría de las personas con discapacidad ni siquiera llega a formar parte del mercado laboral".
Más concretamente, ese 64,6% refleja la notable resistencia a la inclusión que existe a pesar de los cambios normativos y de un contexto económico favorable con cifras récord de empleo. Aunque es cierto que la tasa de paro para el colectivo con discapacidad no ha variado en casi dos décadas, estas cifras suponen una brecha de la discapacidad de más de 43 puntos, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
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El catedrático de la Universidad de Salamanca, Agustín Huete García, autor de un análisis longitudinal 2014-2024 publicado en la Revista Española de Discapacidad, explica que la desigualdad del colectivo "presenta una notable resistencia al cambio". Por su parte, Campabadal afirma que "persisten prejuicios y una mirada asistencial sobre la discapacidad en lugar de una mirada de talento", a lo que añade que muchas personas "no encuentran itinerarios pensados para su perfil".
Esta brecha laboral también se refleja en los salarios. El sueldo medio bruto del colectivo fue de 23.159,7 euros en 2023, un 5,1% más que en 2022, pero equivalente solo al 82,1% del salario medio sin discapacidad (28.207,8 euros). Además, dentro del colectivo, las mujeres han superado por primera vez a los hombres en participación laboral en 2024 (36,3% de actividad frente al 34,7%), pero siguen cobrando menos (22.191,5 euros frente a 23.853,3 euros).
Acceso al mercado laboral y estabilidad
Pese a que la ley exige a las empresas de 50 o más trabajadores reservar el 2% de sus plantillas a personas con discapacidad, el acceso al mercado laboral es limitado. Sara Nunes, de 39 años, cuenta que "tuve que encadenar varias suplencias de apenas unos meses en distintas empresas antes de ser contratada para trabajar en el Ministerio de Derechos Sociales a través del Centro Especial de Empleo Lacera Integra", un cambio que ella resume en una palabra: "estabilidad".
Detrás de estos procesos están profesionales como Marina Mantecón, responsable de ajuste social y personal en Samsic Social, quien explica que se trata de integrar a las personas con discapacidad para que puedan desarrollar su proyecto laboral "con dignidad, autonomía y confianza".
Ley de discapacidad
Congreso. El Congreso aprobó el pasado julio por mayoría, con el rechazo de Vox y la abstención del PP, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que contempla una ampliación de derechos, servicios y prestaciones.
Senado. El pasado miércoles pasó por el Senado la reforma de ley con 235 votos a favor, 23 abstenciones y ningún voto en contra y ahora vuelve al Congreso a pasar su último examen.
Leyes de dependencia y discapacidad a examen
El Congreso aprobó en julio por mayoría, con el rechazo de Vox y la abstención del PP, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que contempla una ampliación de derechos, servicios y prestaciones, y que garantiza por ley que el Estado asuma el 50% de la financiación del sistema de dependencia. Tras su paso por el Senado con 235 votos a favor, 23 abstenciones y ningún voto en contra, la propuesta legislativa pasará este miércoles 16 de septiembre su último examen en el Congreso, que deberá votar si ratifica o rechaza los cambios introducidos.
Durante el debate del dictamen en el Pleno del Senado, los socialistas pidieron la vuelta al texto original, mientras que los 'populares' criticaron que "los derechos sin financiación son hipocresía social" y defendieron los cambios introducidos. El texto que llega esta semana a la Cámara baja, incluye 45 enmiendas del PP, entre las que destaca la eliminación de la LOMLOE de la prevalencia de la educación inclusiva frente a la especial.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, cuyo departamento es el impulsor de esta reforma, pidió este viernes el "apoyo unánime" de todos los grupos parlamentarios de cara a la votación en el Congreso: "A pesar de las dificultades del momento político nacional e internacional, espero que del Congreso de los Diputados salga un mensaje unánime, salga un apoyo unánime, a la que va a ser la mayor reforma social de la legislatura y la mayor transformación de nuestro sistema de protección social en décadas".
Mejoras incluidas en el proyecto
Precisamente, ha explicado que una de las mejoras será la inclusión de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos tengan la obligación de solicitar las ayudas públicas correspondientes para poder acometer obras, como por ejemplo, la instalación de rampas o ascensores en los edificios.
Entre otras medidas, también está la reforma que elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permitirá el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia e incorporará la figura del asistente personal. Asimismo, blinda por ley la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.