La Policía Nacional ha detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder este jueves a la sede de esta compañía en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto.
Investigación diferente a la de Leire Díez
Se trata de una investigación diferente de la que se dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez, que fue detenida el miércoles junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ante sospechas de irregularidades en contratos públicos.
Ellos están investigados por otro juzgado, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que está a cargo de las pesquisas iniciadas tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que también han derivado en la detención este jueves del empresario Antxon Alonso, a quien los investigadores consideran socio del exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán.
Al margen de estas detenciones, practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Policía Nacional se encuentra este jueves inmersa en otra operación, con la entrada en las oficinas centrales de Plus Ultra, donde varios agentes tratan de recabar información fiscal de la compañía.
Investigan el rescate de 53 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo, y descartó que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas de Manos Limpias, PP y Vox.
Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lara, y el consejo de administración, se centraron en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.