Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Candelaria, ha detenido recientemente a un hombre de 34 años y vecino del municipio, acusado de delito de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por uno de los perjudicados, que detectó el cobro en su cuenta bancaria de las cuotas correspondientes a la supuesta financiación de un teléfono móvil de alta gama que nunca había adquirido ni autorizado, según ha especificado la Benemérita en una nota de prensa.
Las primeras gestiones permitieron descubrir la existencia de varios contratos de financiación formalizados de forma fraudulenta a nombre de clientes de un concreto establecimiento comercial dedicado a la telefonía y ubicado en el municipio de Candelaria, utilizando sus datos personales sin consentimiento.
Los investigadores identificaron como presunto autor de los delitos a un empleado del citado comercio, que supuestamente accedía a la base de datos de clientes para contratar financiaciones fraudulentas y vender posteriormente los terminales a otro comercio dedicado en exclusiva a este tipo de transacciones de compra-venta, aportando documentación falsa para justificar la procedencia de los terminales. Hasta el momento, el perjuicio económico causado supera los 13.500 euros. La investigación continúa abierta al no descartarse la existencia de más personas perjudicadas por la misma estafa.
Recomendaciones
Con motivo de estos hechos, la Guardia Civil ha recordado la importancia de revisar periódicamente los movimientos bancarios y los contratos asociados a servicios de telefonía para detectar posibles cargos o financiaciones no autorizadas.
En caso de apreciar cualquier contratación desconocida, se recomienda contactar de inmediato con la entidad financiera y la compañía telefónica para bloquear la operación y presentar la correspondiente denuncia. Asimismo, se aconseja extremar las precauciones con la documentación personal y solicitar información cuando existan dudas sobre el tratamiento o utilización de los datos facilitados a empresas o establecimientos.