El debate sobre las preferencias de cada uno, sobre el apoyo a la selección española de fútbol o bien a la selección vasca para que pueda competir oficialmente, ha derivado en algo muy distinto. La defensa de Euskal Selekzioa por parte del PNV se ha utilizado desde otros sectores políticos para confundir los fines perseguidos y los medios empleados, y para insinuar que el departamento de Seguridad ha sido permisivo y ha hecho la vista gorda ante los incidentes y agresiones que han sufrido varios hinchas de la selección española. El consejero Bingen Zupiria no restó importancia en ningún momento a esas actitudes, las agresiones han sido condenadas por Sabin Etxea y por el departamento de Seguridad, y hay una veintena de atestados y diligencias abiertas al respecto. Pero la discusión ha regresado al primer plano de la política vasca después de que la Policía española detuviera a dos hombres por agredir a patadas a un aficionado que llevaba la camiseta de la selección de Luis de la Fuente en Bilbao. La agresión se produjo el día de la final del Mundial y a la altura de la Plaza Campuzano, donde un grupo de jóvenes presente en las marchas convocadas por colectivos próximos a la izquierda abertzale protagonizó momentos de tensión y varios destrozos. La Policía española actuó porque la denuncia se interpuso en su comisaría. Pero el departamento de Seguridad ha recibido con sorpresa y malestar estas actuaciones, porque defiende que el Estatuto de Gernika y los acuerdos adoptados 1989 en la Junta de Seguridad encomiendan a la Ertzaintza la protección del orden público. La competencia sobre el orden público es de la Policía vasca, salvo cuando los intereses del Estado estén gravemente comprometidos o se declaren los estados de alarma, excepción y sitio. No era el caso.
Las fuentes consultadas confirman que lo habitual es que las denuncias recibidas por otros cuerpos policiales sobre alteraciones del orden público se deriven hacia la ertzain etxea correspondiente. Lakua ha denunciado las detenciones como una intromisión competencial, y el debate ha desembocado en una catarata de respuestas de los sindicatos de la Policía española y la delegación del Gobierno del Estado (gestionada por los socialistas), en algunos casos, además, con expresiones que convierten estas pesquisas en una especie de competición por ver quién obtiene antes algún resultado de su investigación (el SUP ha reivindicado que la Policía española ha respondido con detenciones en diez días). Esos dos detenidos han quedado en libertad provisional tras su paso por el juzgado de guardia de Bilbao, aunque tendrán que comparecer cuando sean citados. Están siendo investigados por desórdenes públicos, lesiones y delitos de odio, un delito este último que se esgrime desde la Policía española y desde la delegación del Estado para justificar su actuación y para interpretar que hay competencias concurrentes con la Ertzaintza.
El Estatuto de Gernika y los acuerdos de 1989
Zupiria explicó el martes que hay una veintena de atestados y diligencias abiertas en Gasteiz, Bilbao, Donostia, Bergara, Erandio, Sestao y Durango, y las infracciones que se investigan son delitos contra la autoridad, lesiones, alteraciones del orden público y amenazas, en algunos casos por delitos de odio y, en otros, con el uso de armas blancas. Añadió que la mayor parte de estas personas, además, son caras conocidas de la Ertzaintza porque son ultras de fútbol, y una minoría pertenece a grupos políticos que suelen protagonizar tumultos de esta clase. Hasta ahí, todo entraba dentro de los parámetros habituales del trabajo de la Ertzaintza, hasta que se produjeron las detenciones de la Policía española.
El Estatuto de Gernika, en su artículo 17, atribuye a la Policía vasca "la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo", mientras que las fuerzas de seguridad del Estado se encargarían de "los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado". El Estatuto añade que las fuerzas de seguridad españolas podrán intervenir en el mantenimiento del orden público, pero en los casos de estado de excepción, o bien a petición del propio Gobierno Vasco y "cesando a instancias del mismo". Para que las fuerzas de seguridad del Estado actúen por propia iniciativa, "el interés general del Estado" debe estar "gravemente comprometido" (incluso en ese caso deben obtener el refrendo de la Junta de Seguridad que comparten con el Gobierno Vasco), o deben ser supuestos de especial urgencia tutelados por el control de las Cortes estatales; o debe producirse la declaración del estado de alarma, excepción o sitio.
Tras la aprobación del Estatuto de Gernika, en 1989, la Junta de Seguridad que reúne a los gobiernos vasco y español alcanzó un acuerdo sobre la delimitación de los servicios de cada cuerpo, para el despliegue de la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad estatales. Ese acuerdo confirmaba a la Ertzaintza como Policía integral. Sin embargo, la delegación del Gobierno español que dirige Marisol Garmendia sostiene que, al investigarse un presunto delito de odio, la competencia ya no es en exclusiva de la Ertzaintza. Estos delitos los reguló el Código Penal español en un momento posterior, en 1995, y la Ertzaintza trabaja con normalidad en su detección a través de la sección de coordinación operativa y técnica de investigación, la Scoti, y redacta informes anuales sobre incidentes de odio.
Zupiria denunció el martes que la Policía española se había extralimitado, y la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, seguía diciendo lo mismo este miércoles en Radio Euskadi. "Está claro. Tenemos un Estatuto que enmarca las funciones de cada cual. La Policía Nacional ha entrado en lo que es competencia de la Ertzaintza", dijo, para "compartir" la opinión de Zupiria. Frente a las críticas sindicales, esgrimió el "respeto" a las competencias. Mientras tanto, desde otros ámbitos se ha utilizado esta denuncia competencial para interpretar que lo que ha molestado a Zupiria es que se detenga a dos personas acusadas de agredir a un aficionado de la selección española, pero la propia Ertzaintza tiene abiertas sus investigaciones y el consejero adelantó que algunas de esas personas serán multadas, y otras serán llevadas ante la justicia. Por otro lado, preguntada por la resolución del Ararteko que pide ir caso por caso a la hora de publicar el origen de los detenidos, Ubarretxena aseguró que el departamento "va a tener en consideración esa recomendación" aunque, "en aras de la transparencia", sigue "defendiendo esa política".