Aunque mi oftalmólogo me tiene dicho que no me eche porquerías a los ojos, ayer derroché unos minutos leyendo en diagonal los 25 folios en letra minúscula y apretujada evacuados por un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra que atiende por Fernando Simón Yarza.

La deposición, llena de citas, apostillas, notas al pie, epígrafes y subepígrafes era una defensa a escuadra del profesor del colegio Gaztelueta condenado por pederastia y cuya investigación canónica acaba de ser reabierta por orden del papa Francisco.

No es que pueda decir que me sorprenda la actitud de este individuo porque ya tengo constancia del denuedo con el que el Opus Dei ha ido negando todo lo que las evidencias han dejado claro, pero soy incapaz de callar mi indignación.

Sobre todo en este caso porque el fulano se permite el desahogo de poner en duda el testimonio de la víctima y, no contento con ello, arrojar basura sobre quien entonces era un menor de edad y también sobre su familia.

Todo bajo la justificación de que el depredador ha sido objeto de una cacería mediática. Ya digo que hasta la última coma de la argumentación rezuma ponzoña, pero el colmo es cuando el jurista de la obra se revuelve contra el papa por haber ordenado abrir un proceso contra un laico en aplicación de un tipo penal previsto para clérigos.

Lo que le está diciendo a cualquiera que haya tenido la paciencia de llegar a la línea del escrito en que lo apunta es que la Iglesia debe abstenerse de sancionar a quien, actuando en su nombre pero sin llevar sotana, ha perpetrado prácticas aberrantes sobre un menor indefenso.