Actualizado hace 10 minutos
La resaca derivada de la elaboración de los presupuestos de Azkoitia de 2026 no cesa.
La alcaldesa, Ana Azkoitia, ha salido al paso de la denuncia presentada ante el Ararteko y la Diputación Foral de Gipuzkoa por la cancelación del pleno en el que debían debatirse y aprobarse las cuentas municipales, y ha asegurado que “no tiene sentido ni recorrido”.
El denunciante, Gorka Alberdi, se reafirma en su postura y considera que la actuación de la primera autoridad local fue ilegal.
A las críticas se ha sumado Azkoitia Bai, que califica de “muy grave” la actuación de la alcaldesa durante el proceso de elaboración de presupuestos y muestra su apoyo a la denuncia.
Postura de la alcaldesa
Azkoitia sostiene que no existe ninguna ilegalidad.
La alcaldesa defiende su proceder pese a la denuncia, que le acusa de vulnerar la Norma Foral de Presupuestos —que establece que deben presentarse y aprobarse antes del 31 de diciembre— y de bloquear la las cuentas de 2026 al suspender el pleno previsto para finales de diciembre.
“Es cierto que no hemos podido aprobar los presupuestos antes del 31 de diciembre, como recoge la norma foral. Lo que se ha hecho ha sido presentar el borrador a todos los partidos de la oposición e ir adaptando aquella primera versión de cara a alcanzar un acuerdo”, ha señalado.
Situación de minoría del PNV
Tras la polémica subyace la situación de minoría del gobierno del PNV en el Ayuntamiento y la posibilidad de que un acuerdo entre EH Bildu y Azkoitia Bai condicionara las cuentas, incorporando enmiendas capaces de alterar de forma sustancial la propuesta jeltzale.
Pese a ello, Gobierno local y oposición han cerrado finalmente un acuerdo tras semanas de negociaciones y los presupuestos se someterán a votación en el pleno del próximo 28 de enero.
Negociar hasta el final
La alcaldesa justifica su decisión en la necesidad de apurar la negociación.
“Mi deber era negociar hasta el final y evitar aprobar unas cuentas en las que el Gobierno municipal no tuviese encaje. La convocatoria del pleno es competencia de la alcaldía y, hasta ahora, no se daban las condiciones. A los partidos de la oposición les dejé claro que no iba a convocar un pleno si no había acuerdo. La oposición ha llevado la situación al extremo, pero al final se ha podido llegar a un acuerdo”.
Azkoitia Bai
Azkoitia Bai, sin embargo, mantiene que el proceso ha estado marcado por una actuación “muy grave” por parte de la alcaldía.
Niega que no existieran condiciones para la aprobación y sostiene que la ley no deja margen a la voluntad política.
“La ley no dice que el alcalde pueda convocar el pleno cuando quiera, sino que debe convocarlo sí o sí. Ana Azkoitia afirma que no se daban las condiciones, pero la ciudadanía debe saber que se cumplían todas: había pasado por comisión y estaba aprobado, y si el alcalde hubiera cumplido con sus obligaciones, se habría aprobado antes de terminar el año”, señala.
Azkoitia Bai añade también que la alcaldesa ha contribuido a confundir a la ciudadanía con sus declaraciones y expresa su apoyo al vecino denunciante, al considerar que le asiste la razón.
Incumplimiento de la norma foral
Por su parte, Alberdi sostiene que la Norma Foral no exige garantizar de antemano la aprobación de los presupuestos, pero sí someterlos a votación en pleno antes del 31 de diciembre.
A su juicio, “no es que la alcaldesa no haya podido cumplir la norma”, sino que “decidió de forma unilateral no convocar el pleno” para evitar un debate y “una votación que no controlaba”.
Gestión del dinero y derechos ciudadanos
Asimismo señala que "es contradictorio afirmar que no ha habido ninguna ilegalidad y, en la frase siguiente, admitir que no se ha cumplido lo que recoge la Norma Foral", y considera que quitar sentido a las denuncias ante el Ararteko y la Diputación Foral de Gipuzkoa son un intento de deslegitimar el control democrático.
"No soy yo, sino estas instituciones independientes, quienes dictaminarán si el Ayuntamiento de Azkoitia puede saltarse las normas forales a su conveniencia. Por ello, he acudido al Ararteko, para que determine si se han vulnerado los derechos de los ciudadanos y las buenas prácticas de la administración, y a la Diputación Foral de Gipuzkoa, para que juzgue si se ha violado la Norma Foral, que es la ley que rige la gestión del dinero de todos los guipuzcoanos".