Consumo advierte de que 8,4 millones de inquilinos pagarán más si el Congreso tumba los límites al alquiler

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advierte de que 8,4 millones de inquilinos sufrirían subidas de sus alquileres si el Congreso rechaza los decretos de vivienda que se someten este viernes a convalidación. El departamento que dirige Pablo Bustinduy calcula que la pérdida de estas medidas supondría un coste de 626 millones de euros para los hogares del Estado.

La estimación se refiere al efecto de eliminar las restricciones a la actualización de las rentas. Según Consumo, la caída del primer decreto dejaría sin efecto la congelación de los alquileres cuyos precios estén por encima del índice del Ministerio de Vivienda (INAV) y la limitación de las subidas al 2% para aquellos que no superen esa referencia.

De este modo, los inquilinos perderían la protección frente a los incrementos que establecen estas medidas. La cifra de 626 millones corresponde al coste conjunto estimado por el ministerio para los hogares afectados.

Protección frente a los desahucios y ayudas a la compra

Los dos decretos fueron aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros, después de un acuerdo de última hora entre PSOE y Sumar, los socios del Ejecutivo estatal. El debate para su convalidación estaba previsto para las 11.00 horas de este viernes, con la previsión de que ninguno de los textos consiguiera salir adelante.

El primero reúne medidas para suspender desahucios y prolongar alquileres, además de impedir que los fondos buitre compren vivienda con descuentos del 70%. También incorpora subidas de impuestos a las socimis, empresas cotizadas dedicadas al alquiler de inmuebles, medidas fiscales para los propietarios y ayudas destinadas a la primera compra de una vivienda.

Este texto se publicó el miércoles en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor el jueves. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es la encargada de defenderlo ante el Congreso.

Prórroga automática de los alquileres

El segundo decreto, impulsado por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, recoge la prórroga automática de los contratos de alquiler. Su defensa parlamentaria corresponde a Bustinduy. La norma se publicó el jueves en el BOE y entra en vigor este viernes, el mismo día en que se vota su continuidad. Si el Congreso no la convalida, decaería junto con las medidas del otro decreto.