El Ayuntamiento de Aramaio, en Álava, se enfrenta a una compleja situación jurídica tras haber sido condenado en dos procesos distintos debido a prácticas irregulares en sus políticas de contratación de personal. Las resoluciones judiciales, dadas a conocer por el grupo municipal del PNV, ponen el foco en la gestión realizada por el equipo de gobierno de EH Bildu, señalando que se han vulnerado las normativas de acceso al empleo público y los derechos laborales de la plantilla.
Anomalías en el proceso de selección
La primera de las sentencias aborda las deficiencias detectadas en el proceso de selección para la plaza de técnico de Euskera. Según los fallos judiciales mencionados por la oposición, el consistorio incurrió en "amaños" durante el concurso, el cual fue gestionado originalmente a través de Lanbide. La justicia ha constatado que se procedió al cambio de las reglas del proceso abierto con el fin de beneficiar a una persona allegada a la entonces alcaldesa, alterando la igualdad de condiciones entre los aspirantes.
Como medida correctora inmediata para reparar este perjuicio, el fallo judicial obliga ahora a la institución local a contratar de forma efectiva a la persona que fue injustamente relegada durante dicho proceso selectivo, restituyendo así sus derechos tras la manipulación del concurso.
Doce años de precariedad en la Kultur Etxea
El segundo revés judicial para el consistorio alavés concierne a la situación de dos empleadas de la Kultur Etxea. La sentencia dictamina que el gobierno municipal de EH Bildu desoyó durante doce años las legítimas demandas laborales de estas trabajadoras, generándoles un perjuicio administrativo y profesional de gran calado. Los antecedentes de este caso se remontan a 23 años atrás, cuando se instó a las trabajadoras a constituirse como empresa para prestar el servicio.
Sin embargo, el ayuntamiento terminó dejando a dicha estructura sin soporte contractual al no licitar el servicio durante más de una década. El tribunal ha sido crítico con las "estrategias torticeras" empleadas por la administración local, que incluyeron el cambio de despachos de abogados y el aplazamiento del juicio hasta en dos ocasiones. Finalmente, la justicia ha impuesto la regularización inmediata de ambas empleadas, quienes deben ser reconocidas como personal fijo indefinido con una antigüedad retroactiva al año 2001.
Denuncias de trato desigual y falta de transparencia
Desde el PNV han expresado su estupefacción ante lo que consideran un "trato desigual" sistemático entre los distintos trabajadores municipales. La formación jeltzale subraya que, mientras casos de carácter similar como el de un aparejador se resolvieron mediante un acuerdo inmediato, las trabajadoras de cultura fueron forzadas a un largo y desgastante periplo judicial. Para la oposición, estos hechos evidencian una "gestión irregular de los servicios públicos" que podría no limitarse a estos casos aislados.
En este sentido, el grupo municipal ha recordado que desde el pasado mes de junio espera una respuesta oficial a su solicitud de información sobre los expedientes de contratación de otros servicios, como los udalekus y el personal de limpieza. Ante el silencio administrativo de la corporación, los jeltzales sospechan que podrían existir serias irregularidades adicionales que el equipo de gobierno aún no ha facilitado para su revisión.