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El Gobierno Vasco ha vuelto a conceder el tercer grado penitenciario al preso de ETA Asier Arzalluz, condenado por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle el 7 de mayo de 2000 en Andoain, cuatro meses después de que la Audiencia Nacional revocara la aplicación de esta progresión penitenciaria por parte del Ejecutivo Vasco.
Fuentes del Departamento de Justicia han confirmado que se ha vuelto a conceder el tercer grado a Arzalluz y también al preso de ETA Óscar Zelarain, condenado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002, en el que murieron dos personas, una de ellas una niña de 6 años.
Además, ha aplicado el artículo 100.2 del reglamento penitenciario -un régimen de semilibertad- a la abogada Arantza Zulueta, histórica letrada de presos de ETA que fue condenada en 2022 a siete años de cárcel por integrar el llamado "frente de presos" de la organización. Zulueta ingresó este año, en febrero, en la prisión de Martutene de Donostia para cumplir esta pena.
En un comunicado, la asociación de víctimas del terrorismo Covite ha calificado de "especialmente grave" el caso de Asier Arzalluz, quien fue condenado a 30 años de prisión en 2024 por su participación en el asesinato de López de Lacalle.
El pasado mes de febrero el Gobierno Vasco le concedió el tercer grado, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó un recurso y el juzgado revocó, a principios de marzo, la decisión adoptada por el Departamento de Justicia.
Cuatro meses después, el Gobierno Vasco vuelve a aplicar la progresión de grado de este recluso, lo que, según Covite, demuestra "una voluntad deliberada de seguir forzando la legalidad penitenciaria incluso después de haber sido corregida por los tribunales". Esta organización asegura que Arzalluz ha sido homenajeado en actos públicos organizados por la izquierda abertzale recientemente, por lo que considera que no se ha desvinculado de ETA. Del mismo modo, recuerda que Zelarain está condenado por asesinatos y que también es reivindicado como "preso político" por organizaciones afines a la izquierda abertzale.
Aplicación del 100.2 a Arantza Zulueta
Covite considera "igualmente escandaloso" la aplicación del 100.2 a Arantza Zulueta, ya que "no es una presa más, sino una de las figuras más simbólicas del denominado frente de cárceles de ETA". Una de sus funciones, según esta asociación, era "mantener la disciplina interna de los presos de ETA y evitar su arrepentimiento individual, precisamente lo contrario de lo que ahora el Gobierno Vasco pretende presentar como reinserción".
Covite considera estas decisiones un intento de administrar una "amnistía encubierta" que "vulnera el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia y consolidan una política penitenciaria que privilegia a los presos de ETA".