Comienza la retirada del combustible irradiado de la piscina nuclear de Garoña

La empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos) ha comenzado la retirada del combustible irradiado de la piscina de la central nuclear de Santa María de Garoña, una de las actuaciones incluidas en la I Fase de desmantelamiento de la planta, cerrada definitivamente en 2017 y cuya titularidad se cedió a Enresa el pasado mes de julio.

El director operativo de Enresa en la planta, Óscar Gómez, ha explicado durante una visita de periodistas a la instalación para conocer la marcha del desmantelamiento que ésta es la parte distintiva de Garoña, ya que otras plantas no contaban con piscina de combustible irradiado en su interior.

"Es una tarea delicada, pero no extraña, porque en todas las centrales nucleares se realiza el vaciado de estas unidades de combustible gastado, aunque en este caso la peculiaridad es que no se va a hacer poco a poco, sino que se tendrá que vaciar completamente la piscina", que alberga sumergido todo el combustible gastado por la central desde su puesta en servicio en 1971.

Todo ese combustible irá a parar a un Almacén Temporal Individualizado (ATI), que se encuentra en las propias instalaciones de la planta nuclear, donde deberá permanecer hasta 2070, si se cumplen las previsiones del Consejo de Seguridad Nuclear de contar para entonces con un Almacén Centralizado que albergue este tipo de materiales de alta actividad.

El director de la instalación, también de Enresa, Manuel Ondaro, ha detallado que hasta ahora se han sacado de la piscina 52 elementos y se ha llenado un único contenedor, aunque en la segunda quincena de enero esperan llenar otros cuatro con otros 208 elementos, de los 2.505 que había originalmente en la piscina.

Precisamente la vigilancia y control del nivel de agua y otros parámetros de la piscina y de las condiciones de presión del único contenedor lleno actualmente en el ATI es la tarea que ha quedado en la Sala de Control de la planta nuclear, el cerebro de la instalación.

En este momento, se estima que ha reducido su actividad al 20% respecto al momento en que la central estaba en plena actividad, por lo que también se ha reducido su personal, que en este momento es de cuatro trabajadores por turno, la mitad de lo que había hasta el inicio del desmantelamiento.

Ondaro ha afirmado que se mantiene la previsión de diez años para el desmantelamiento, cuya primera fase durará tres años y se centrará en retirada de parte de los residuos de media, baja y muy baja actividad, que se enviarán al de Enresa en El Cabril (Córdoba); la retirada del combustible irradiado; y el desmantelamiento de la Sala de Turbinas, que se convertirá en edificio auxiliar para el resto del proceso.

También se mantiene la estimación presupuestaria de 475 millones de euros para el desmantelamiento, a los que habrá que sumar otros 180 millones de euros para los contenedores del combustible gastado y el ATI.

Durante todo el proceso trabajarán en la instalación 31 empleados de Enresa, 75 de Nuclenor, la empresa propietaria de la planta, que recuperará su titularidad cuando finalice el desmantelamiento, 185 de empresas colaboradoras y un número indeterminado de trabajadores de los contratistas de obras que se encargarán de algunas partes de demolición y desmantelamiento de las zonas que queden descontaminadas.