La Audiencia Provincial de Álava, ubicada en Vitoria, ha acogido este martes la apertura del juicio oral por las presuntas filtraciones en los exámenes de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2016-2017 de Osakidetza. La vista, que se extenderá a lo largo de dos jornadas entre el martes y el miércoles, sienta en el banquillo de los acusados a un médico exjefe de servicio de cirugía plástica del Hospital Donostia y a una aspirante a la plaza, quienes afrontan peticiones de dos y un año de prisión, respectivamente, por supuestos delitos de revelación de secretos al haber accedido presuntamente de forma privilegiada al contenido de las pruebas antes de su realización oficial.
Arranca el plenario con la metodología del IVAP
El arranque del juicio oral en el tribunal alavés ha estado centrado en las primeras diligencias de prueba testifical fijadas por la sala. La sesión de apertura se ha iniciado formalmente con la comparecencia de una responsable del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). La representante técnica ha comparecido en calidad de testigo para exponer detalladamente la metodología organizativa que se emplea en los procesos selectivos para la elaboración, custodia y posterior distribución de los exámenes del Servicio Vasco de Salud.
A lo largo de las dos sesiones programadas, el tribunal escuchará asimismo el testimonio de la totalidad de los miembros del tribunal calificador de la especialidad juzgada. Entre las citaciones figuran la presidenta, la secretaria y todos los vocales encargados de evaluar el ejercicio oficial. Según la ordenación del calendario trazada por la Audiencia alavesa, la declaración de los dos imputados se ha pospuesto para la recta final del procedimiento, estando previsto que presten testimonio el miércoles a la conclusión de la segunda jornada.
En el apartado de las acusaciones penales, el Ministerio Fiscal considera al facultativo encausado autor de un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros. Para el médico, que en la fecha de los hechos ejercía como jefe de servicio y responsable de confeccionar la prueba de su especialidad, la Fiscalía solicita dos años de cárcel y cinco años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Por su parte, la opositora juzgada, que mantenía una relación sentimental con el hijo del facultativo procesado, se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión como presunta autora de un delito de revelación de secretos. El inicio del plenario se produce después de que en la audiencia preliminar celebrada en junio no se alcanzara ningún acuerdo de conformidad entre el Ministerio Público y las defensas.
Reacciones a las puertas del juzgado: "No están todos los que son"
Antes de acceder al palacio de justicia para el comienzo de la vista, los representantes sindicales que impulsaron la vía penal han valorado ante los medios de comunicación el significado de la cita judicial. Desde el sindicato ESK, su portavoz Patxi Nicolau ha manifestado afrontar la jornada con una "sensación agridulce". Nicolau ha precisado que la central solicitaba una pena de dos años de privación de libertad, el mínimo legal para evitar el ingreso efectivo en prisión. Según ha argumentado, el objetivo de la acción sindical nunca fue encarcelar a profesionales concretos, sino "acabar con ese sistema clientelar" arraigado en la contratación pública. Tras la apertura del juicio, Nicolau ha destacado que "por fin parece que se cierra un ciclo", si bien ha lamentado que, tras investigarse a casi una veintena de personas en múltiples áreas, el banquillo haya quedado reducido a la acusación de dos únicos implicados.
Por su parte, el abogado del sindicato LAB ha remarcado a la entrada de la Audiencia que las sospechas iniciales sobre irregularidades "sistemáticas y organizadas" surgidas hace ocho años han terminado por "cristalizar en pruebas contundentes y sólidas" que acreditan las responsabilidades penales. El letrado ha utilizado una metáfora deportiva para ilustrar el recorrido de la causa, sosteniendo que lo que debería haber sido un choque equilibrado de tenis o pimpón entre iguales se ha transformado "casi en un partido en un frontón". Pese a que el banquillo no reúne a la totalidad de las instancias salpicadas en los orígenes del caso, el representante letrado ha concluido con contundencia afirmando que "no están todos los que son, pero todos los que están son".
Un caso acotado tras más de ocho años de recorrido
El inicio de la vista oral llega tras un extenso procedimiento cuyos antecedentes se remontan a más de ocho años atrás. Las primeras denuncias por supuestas filtraciones en los exámenes de la OPE 2016-2017 salieron a la luz gracias a la iniciativa sindical de ESK y al testimonio promovido por tres médicos anestesistas. Aquellas revelaciones derivaron en la apertura de una investigación judicial de gran repercusión sobre el sistema de oposiciones de Osakidetza.
En los primeros compases de la instrucción penal, la causa cobró un notable volumen al dirigirse contra casi una veintena de personas -en concreto 17 investigados- y abarcar cerca de una docena de especialidades médicas bajo la sospecha de anomalías generalizadas en las pruebas selectivas.
Sin embargo, tras años de diligencias, la Audiencia Provincial de Álava dictó el sobreseimiento y archivo de la causa "general", absolviendo o dejando fuera del procedimiento al resto de facultativos. De este modo, la causa penal ha quedado acotada de manera exclusiva a la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora. El tribunal juzga así de forma concreta la presunta filtración entre el exjefe de servicio del Hospital Donostia y la opositora vinculada a su entorno familiar, cerrando el marco de antecedentes de un caso que llega finalmente a sentencia más de ocho años después de las primeras acusaciones.