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La Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo aprobada este jueves por el Parlamento Vasco tiene como objetivo intervenir en este sector para movilizar suelos que faciliten la promoción de viviendas libres y protegidas, especialmente de alquiler, aligerar los procedimientos urbanísticos y poner coto a la proliferación de los pisos de uso turístico.
La Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de suelo calificado capaz de albergar más de 160.000 viviendas, 75.000 de ellas protegidas, que no se moviliza por condiciones urbanísticas, económicas y ambientales. Con esta ley, que implica al Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, se busca cumplir con el derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna reconocido por ley.
Estas son las principales regulaciones recogidas en la normativa que busca hacer frente a la emergencia habitacional por la escalada de precios y la escasez de oferta y que modifica artículos de leyes como las de Suelo y Urbanismo, Vivienda, Turismo, Administración ambiental, Contaminación de suelos, Instituciones locales y Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, todo con el objetivo de agilizar los trámites para poner en el mercado más vivienda.
Menos viviendas de protección en las promociones
Entre las principales novedades está la horquilla que se abre para poder rebajar el porcentaje de vivienda de protección que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas con el objetivo de no retraer las iniciativas de las constructoras.
Ahora ese porcentaje está en el 75 % y se permite que los ayuntamientos lo rebajen hasta el 60 %.
Habrá un mínimo del 55 % de vivienda de protección social y el 5 % restante de protección tasada.
Reserva estratégica de suelo
También se da un impulso a la reserva estratégica de suelo con la cesión del 15 % de los aprovechamientos libres de cargas en las promociones a las administraciones que promuevan la construcción de vivienda.
Otra novedad es la posibilidad de que los municipios aumenten hasta un 10 % la edificabilidad sin tener que acometer modificaciones en sus planes de ordenación urbanística.
Trámites más ágiles
El texto recoge figuras administrativas para reducir los tiempos de aprobación y ejecución de proyectos de viviendas protegidas, con, por ejemplo, la eliminación del Programa de Actuación Urbanizadora y la reducción de los plazos para la emisión de informes y de las licencias de primera ocupación.
Se aceleran los procedimientos para la construcción, con la declaración de actuación prioritaria que posibilita una utilización del procedimiento de urgencia y reduce los plazos administrativos hasta en un 50 %.
Se flexibiliza además la implantación de nuevos alojamientos dotacionales en suelos de equipamientos y en edificios ya existentes, con "levantes" en parcelas residenciales de dos alturas.
No más pisos turísticos en zonas tensionadas
La normativa establece un mayor control sobre el mercado de alquiler y las viviendas turísticas. Tras su aprobación se suspende automáticamente la actividad de nuevas viviendas y habitaciones de uso turístico en zonas declaradas tensionadas.
Además se considera una infracción grave el incumplimiento de obligaciones como superar los límites de alquileres en viviendas ubicadas en una de estas zonas de mercado residencial tensionado.
Vivienda rural
En los municipios que tengan una población igual o inferior a 3.000 habitantes el Gobierno vasco y las administraciones públicas de carácter territorial orientarán los recursos disponibles en materia de vivienda a la promoción de viviendas de protección pública en alguna de las modalidades.