Casi la mitad de los 4.655 pisos turísticos registrados en Euskadi están en Donostia y Bilbao

Un total de 4.655 viviendas turísticas están inscritas en el registro del Gobierno vasco y casi la mitad de ellas están en Donostia, donde hay 1.262 establecimientos de este tipo, y en Bilbao, con 991.

Estas dos ciudades aglutinan el 48,4 % de las viviendas turísticas de Euskadi. Donostia es el municipio vasco con más pisos de este tipo y de hecho alberga casi uno de cada tres (27,1 %), mientras que en Bilbao se localiza uno de cada cinco pisos turísticos registrados en la comunidad autónoma (21,3 %).

Gasteiz, con solo 91 pisos turísticos inscritos en el registro, concentra apenas el 2 % de las viviendas que se alquilan en la CAV para uso vacacional.

En Euskadi el concepto de "pisos turísticos" fue recogido por primera vez en el ordenamiento jurídico en la Ley vasca de Turismo (2016). La norma establece una serie de condiciones de seguridad para estas viviendas y regula el número de plazas a ofrecer según los metros cuadrados y la necesidad de colocar una placa en el portal del edificio, entre otras condiciones.

Fruto de esa misma ley el Gobierno vasco creó en 2018 un registro de viviendas turísticas en el que es obligatorio inscribirse y en la actualidad hay registradas 4.655 viviendas.

En el ámbito estatal no existe de momento la obligatoriedad de inscribir las viviendas turísticas, pero este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que su Ejecutivo va a plantear una serie de medidas para tratar de controlar el incremento de pisos turísticos, como por ejemplo un registro estatal y una modificación de la ley de propiedad horizontal.

La mayoría, en Donostia y Bilbao

Por localidades, la mayoría de las viviendas turísticas de Euskadi se localizan en San Sebastián y Bilbao aunque hay varios municipios costeros también con cifras elevadas como la vizcaína de Bermeo (249) y la guipuzcoana de Zarautz (214).

Destaca también el número de viviendas turísticas registradas en Hondarribia (Gipuzkoa), con 168 pisos, y las localidades vizcaínas de Getxo (169), Lekeitio (88), Mundaka (87), Bakio (76) y Sopela (72).

Álava se queda fuera de este fenómeno: las cifras de Gasteiz están muy lejos de las otras dos capitales y en el resto del territorio no hay concentraciones de pisos turísticos ni siquiera en los lugares con más visitantes como la Laguardia, en Rioja Alavesa, donde hay 19 establecimientos de este tipo.

El problema es en todo caso la vivienda "clandestina", según explican desde el Gobierno vasco, ya que en las plataformas online de alquiler turístico aparecen pisos que no están inscritos en el registro. Estas plataformas se han negado tradicionalmente a compartir sus datos con las instituciones lo que ha dificultado identificar los negocios irregulares.

Esta situación va a cambiar gracias a un reglamento europeo que ya ha sido aprobado aunque los estados miembros tienen dos años de margen para aplicarlo. Cuando esto ocurra las plataformas deberán compartir los datos de los establecimientos que ofertan y el Gobierno vasco los podrá comparar con su registro e identificar así los pisos clandestinos.

La regulación urbanística compete a los ayuntamientos

Al margen de la legalidad de estas viviendas su regulación urbanística compete a los ayuntamientos a través de sus respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

De hecho, Donostia escogió otro procedimiento para regularlos (una ordenanza) y los tribunales la anularon por no ser la herramienta pertinente. Por este motivo ahora se está modificando del Plan General de la ciudad.

El Ayuntamiento donostiarra suspendió en 2023 la concesión de licencias de alojamiento y este año ha prorrogado esta moratoria por dos ejercicios más mientras se tramita esa modificación del PGOU.

En Bilbao la normativa municipal (renovada hace 2 años) establece que las viviendas turísticas solo pueden estar en la primera planta de los edificios, aunque en el caso de las habitaciones pueden ubicarse en cualquier altura.

En Gasteiz se está ultimando la modificación del PGOU -entrará en vigor en 2025-, que prevé limitar las viviendas turísticas a la primera planta.