Casi 550.000 migrantes han solicitado la regularización extraordinaria a un mes de su cierre

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Un total de 549.596 migrantes han presentado ya solicitud al proceso extraordinario de regularización que arrancó el pasado 16 de abril y que se cerrará el próximo 30 de junio.

Así lo ha revelado este jueves la Abogacía del Estado en la vista que se celebra en el Tribunal Supremo para escuchar varias peticiones de paralizar de forma cautelar el real decreto que regula este procedimiento.

Además, ha avanzado que se han emitido 91.505 comunicaciones de inicio. "La concesión de la comunicación inicial no es automática, sino que se realiza un previo chequeo de la comprobación del cumplimiento de los requisitos esenciales para su concesión", ha señalado.

La Abogacía del Estado ha informado de las cifras, que hasta ahora no se conocían, para defender que el procedimiento tiene una serie de requisitos que hay que cumplir y analizar.

La estimación inicial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es que se beneficien de esta medida unos 500.000 migrantes (aproximadamente 250.000 solicitantes de protección internacional y otros 250.000 migrantes que se encuentran en la actualidad en situación irregular). No obstante, apuntaban a que el número de expedientes a trámitar sería mucho mayor, y aseguraban que estaban preparados para hacerle frente.

Esta misma semana, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, señalaba en el Congreso que el procedimiento de regularización se está desarrollando "con normalidad". "Es verdad que en las primeras semanas hubo una afluencia mucho mayor, es normal, contábamos con ello, pero creemos que tenemos capacidad para responder con los recursos, con la información, con la actualización constante", recalcó sin especificar el volumen de solicitudes ya registradas.

Las partes convocadas este viernes a la vista del Supremo que reclaman la suspensión cautelar de la regularización son Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid. Inicialmente fechada para el 13 de mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tuvo que retrasarla por necesidades del servicio, según una providencia recogida por Europa Press.