La Comisión Europea ha reclamado este viernes al Estado español más medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción de alto nivel y endurecer las normas sobre conflictos de interés de altos cargos a la luz de los avances "limitados" de las reformas emprendidas hasta ahora; unas recomendaciones que Bruselas publica en su informe anual sobre el Estado de Derecho en los Veintisiete pero que no son vinculantes para los gobiernos.
En el capítulo dedicado al Estado español, los servicios comunitarios constata "algunos avances" para reducir los tiempos de las largas investigaciones y procesos de los casos de corrupción de alto nivel, incluido el aumento de platillas y reformas legislativas, pero a ojos de Bruselas son necesarias más medidas porque "persisten los desafíos" y también la tramitación de estas reformas está siendo lenta.
Así las cosas, el Ejecutivo comunitario "recomienda a España que impulse el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal con el fin de fortalecer el marco para las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel, con miras a reducir las demoras".
Tampoco considera que se haya avanzado suficiente en el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de altos cargos ejecutivos, un campo en el que la Comisión de Ursula von der Leyen ve pasos "limitados" y lamenta que, pese a iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, la "aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado".
Por ello, Bruselas recomienda al Estado español impulsar el proceso legislativo para reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de las personas con altas funciones ejecutivas y "garantizar la independencia y la eficacia de las facultades de detección y sanción del organismo supervisor competente".
"Erosión de la confianza pública en el poder judicial"
De nuevo en el informe de este año, como ocurrió en las dos ediciones anteriores, la Comisión se hace eco de la "preocupación" entre jueces y profesionales del derecho por las "declaraciones públicas de políticos", incluido el Gobierno español, que critican las decisiones judiciales.
"Miembros del poder judicial, incluyendo el Tribunal Supremo, el CGPJ, las asociaciones de jueces, así como el Tribunal Constitucional, siguen señalando que las declaraciones contra jueces individuales contribuyen a la erosión de la confianza pública en el poder judicial", recoge el documento publicado este viernes por Bruselas.
También toman nota de las informaciones remitidas por el Tribunal Supremo respecto a acusaciones de 'lawfare' (guerra judicial, en inglés) y críticas personales dirigidas contra sus magistrados, "especialmente tras recientes sentencias de gran repercusión".
En este contexto, los servicios comunitarios avisan de que de acuerdo a los estándares europeos la "crítica" es parte del debate normal democrático, pero que "los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial".
"Asimismo, todos los órganos del Estado, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, deben aplicar el respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza que el público en general deposita en ellas", concluye el informe sobre esta situación.
Reformas pendientes para el CGPJ y Fiscalía General
La evaluación que el Ejecutivo comunitario realiza sobre la situación democrática en España advierte también al Gobierno de que sigue pendiente la reforma sobre el sistema de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pide al Gobierno de Pedro Sánchez que "impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los magistrados" del CGPJ a los estándares europeos, incluidas las orientaciones de la Comisión de Venecia que abogan por que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales.
Al respecto, los servicios comunitarios toman nota de que ha habido "algunos avances" dado que el órgano de gobierno de los jueves recibió orientaciones específicas de la Comisión de Venecia, pero apuntan también que "no se ha alcanzado un consenso" que permita finalizar el proceso e insiste en que "queda por adoptar una reforma", en referencia al acuerdo logrado entre PSOE y PP con la mediación de Bruselas hace dos años para desbloquear la situación.
El examen de Bruselas a España también se hace eco de los "avances significativos" en el fortalecimiento del estatuto de la Fiscalía General por el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja las investigaciones penales a fiscales y amplía a cinco años el mandato del fiscal general para desvincularlo del Gobierno.
Fortalecer el Estatuto de la Fiscalía General
Con todo, Bruselas apunta que la reforma sigue su tramitación parlamentaria y no ha sido aprobada aún y por ello "recomienda a España que continúe sus esfuerzos para fortalecer el Estatuto de la Fiscalía General, en particular en lo que respecta a la separación de sus mandatos".
Otras de las mejoras que reclama la Comisión en el caso de España tienen que ver con avanzar con la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés aún pendiente de aprobación parlamentaria, porque ve "avances limitados" en el control de los 'lobby' y reclama un "registro público obligatorio de lobistas".
Sí ve avances "significativos" en el fortalecimiento del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, y pide completar esos esfuerzos con la adopción de esa ley y la de Administración Abierta, "teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a los documentos oficiales".
El Comisario Europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath.
En cuanto al pluralismo y la libertad de medios, el informe comunitario se hace eco de quejas recibidas en cuanto a los "riesgos relacionados con la independencia editorial y la injerencia política en las emisoras de radio y televisión de propiedad pública" tanto a nivel nacional como regional.
Aún así aborda particularmente la situación de RTVE, de la que apunta que "si bien el Gobierno destaca el funcionamiento normal" de la cadena desde que se adoptó la reforma, "las partes interesadas señalan riesgos para la independencia editorial y la injerencia política".
"Respeta y acata" el aval del TJUE a la Ley de Amnistía
Aunque el informe se ha publicado apenas un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara en dos sentencias que la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) no choca con el Derecho comunitario ni afecta a fondos europeos, este aval de la Justicia europea ya aparece recogido en el documento, aunque de manera descriptiva, sin valoración de fondo.
Sin embargo en la rueda de prensa para presentar el texto, el comisario de Justicia, Michael McGrath, ha dicho que el Ejecutivo comunitario "respetar y acata" las sentencias del Alto Tribunal europeo, incluidas las pronunciadas la víspera sobre la ley de amnistía.
El comisario ha recordado que aún quedan otras dos cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía pendientes de resolución ante el TJUE, pero ha añadido que corresponde a los tribunales nacionales que remitieron las consultas ejecutar las decisiones del Alto Tribunal europeo.
En todo caso, McGrath ha indicado que desde el Ejecutivo comunitario "seguirán de cerca" la evolución de los casos y ha evitado así valorar el fondo de las decisiones tomadas por la Gran Sala del TJUE, a pesar de que durante la vista celebrada hace un año en Luxemburgo el abogado de la Comisión Europea cuestionó que la norma respondiera a un objetivo de interés general.