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La Comisión Europea ha señalado este jueves que correspondería a los Estados miembros decidir si Ceuta y Melilla deben ser reconocidas como regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, en caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez presente formalmente la solicitud. “Está en manos del Gobierno español. Si propusiera esta solución, sería una decisión del Consejo porque no es competencia de la Comisión Europea”, ha explicado el vicepresidente comunitario responsable de Política de Cohesión, Raffaele Fitto.
El dirigente italiano ha recordado que las dos ciudades autónomas cuentan actualmente con un estatus diferente al de las nueve regiones ultraperiféricas de la UE, entre las que se encuentra Canarias. Fitto ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la nueva estrategia de Bruselas para estos territorios. “Si el Gobierno español quiere presentar esta propuesta, podría ser posible, pero tiene que plantear la idea concreta al Consejo, no directamente a la Comisión”, ha insistido.
Más fondos y ventajas fiscales
Pedro Sánchez anunció la pasada semana la posibilidad de solicitar a la UE que Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones ultraperiféricas. La propuesta incluye también su incorporación a la unión aduanera y la concesión de una representación permanente en el Comité Europeo de las Regiones.
Este reconocimiento otorgaría a ambas ciudades un estatus preferente dentro de la Unión, con acceso a una mayor cofinanciación europea y a partidas específicas, como los fondos FEDER destinados a las regiones ultraperiféricas y otros recursos agrícolas y pesqueros situados al margen de la Política Agraria Común. También permitiría mantener regímenes fiscales y aduaneros propios.
Ceuta y Melilla ya disfrutan, sin embargo, de otros beneficios por estar consideradas regiones menos desarrolladas dentro de la Política de Cohesión europea. La incorporación de las dos ciudades a la lista de regiones ultraperiféricas requeriría el acuerdo unánime de los Estados miembros. Además, algunas interpretaciones jurídicas apuntan a que podría ser necesaria una modificación de los tratados de la UE, según fuentes comunitarias.