Boye consulta si se trató como víctima del terrorismo al fallecido durante las protestas de 'Tsunami Democràtic'

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y de su asesor Josep Lluis Alay, ha solicitado al juez que investiga al movimiento Tsunami Democràtic información sobre si "se activó algún mecanismo" para considerar como víctima del terrorismo al hombre que falleció de un infarto el mismo día del bloqueo al aeropuerto de Barcelona.

En su segundo escrito presentado en las últimas horas ante la Audiencia Nacional, el letrado solicita documentación para saber si se aplicaron las medidas previstas en la directiva europea de lucha contra el terrorismo, delito por el que se investiga esta causa, en la que está imputado Alay y que también se dirige contra Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

La defensa, que trata de combatir la investigación por terrorismo, ya dirigió un escrito este martes en el que sostenía que la causa podría ser contraria a dicha directiva de la Unión Europea, que "impide la banalización" del terrorismo.

En esta ocasión quiere saber si se promovió la cooperación con Francia, país de donde era nacional el fallecido, para garantizar el acceso efectivo de su familia a la información sobre sus derechos y a los servicios de apoyo posibles, o si se activó algún mecanismo para considerarla víctima terrorista.

El 14 de octubre de 2019, día en el que tuvieron lugar las protestas que colapsaron los accesos al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, un ciudadano francés de 64 años sufrió una parada cardiorespiratoria en el aeropuerto, adonde llegó caminando, y fue evacuado al hospital, donde falleció.

En el auto en el que acordaba dirigir la causa contra Puigdemont y una decena de investigados, el juez Manuel García Castellón explicaba que será la investigación la que determine "la relación entre el fallecimiento" de la persona y las actuaciones atribuidas a Tsunami Democràtic que bloquearon el aeropuerto de Barcelona en respuesta a la sentencia del "procés" del Tribunal Supremo, en octubre de 2019.

A lo largo de la causa se deberá concretar, según el juez, "si esta muerte recogida en los medios de comunicación resulta objetivamente imputable a los responsables de la organización", y solicitaba a la Policía que informase sobre esa posible vinculación y que identificase al fallecido para "poder citar a sus familiares como perjudicados".