Laura Borràs cuestionó la imparcialidad del tribunal que le juzga, en base a su ideología independentista, e invocó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al asegurar que forma parte de un “grupo objetivamente identificable”, amparándose en la reciente sentencia europea. Así se pronunció ayer la suspendida presidenta del Parlament en el juicio contra ella en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde afronta una petición de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por adjudicar supuestamente a dedo contratos a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. Su defensa, conformada por la abogada Isabel Elbal y el letrado Gonzalo Boye, advirtió de que la líder de Junts no tendrá un “juicio justo”, subrayando que ya no es aforada y por tanto su causa la tendría que asumir un juzgado ordinario y no el alto tribunal catalán.
Borràs fió su estrategia a un duro ataque a los otros dos procesados por sus negociaciones con la Fiscalía para delatarla. Los señalados son el beneficiario de los contratos, Isaías H., y Andreu P., quien está acusado de elaborar facturas para enmascarar la supuesta adjudicación arbitraria: ambos han perseguido un pacto con Fiscalía para lograr una rebaja de condena a cambio de incriminar a la dirigente soberanista. Elbal esgrimió que durante tres años ha trabajado de forma “coordinada”, compartiendo información, documentos e incluso gastos para pruebas periciales con la abogada de Isaías H., hasta el punto de haber urdido una “misma línea de defensa”. Todo ello hasta que hace “72 horas” tuvieron constancia del “inconfesable ahora mismo” acuerdo citado– se quejó la abogada–, que pedirá una dispensa al Colegio de la Abogacía de Barcelona para que se les permita levantar el secreto profesional y exponer las pruebas que acreditan esa tarea conjunta con las otras defensas. Las críticas de Borràs a los otros dos acusados derivaron en un agria réplica de sus letrados, Marina Roig y Alex Solà, quienes creen que se está “cuestionando el mismo ejercicio del derecho de defensa” y censuraron esa “innecesaria y desafortunada” postura de Elbal y Boye.
La defensa de Borràs, que ya trató sin éxito de apartar del juicio al presidente del TJSC, Jesús María Barrientos, durante la instrucción del caso, remarcó que éste ha efectuado manifestaciones en contra del procés y que la propia presidenta de JxCat hizo declaraciones en su contra en otros procesos de políticos independentistas, por lo que dudan de que ello “no influya en el ánimo” del magistrado. “Como seres humanos no somos inaccesibles a lo que nuestro ánimo nos pueda influir a la hora de tomar decisiones”, enfatizó Elbal, para quien se debe declarar la nulidad el procedimiento porque se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, poniendo como ejemplo que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, trató a Borràs “como culpable antes de ser juzgada”.
Ausencia de Trias
La mayoría del independentismo no acudió a agasajar a la suspendida presidenta de la Cámara, que reunió a 400 fieles y a los dirigentes más próximos: el expresident Quim Torra y el secretario general de Junts Jordi Turull, además de a la ANC. Sin embargo, ni ERC, ni la CUP, ni Òmnium ni la AMI hicieron acto de presencia. Entre los ausentes cabe contabilizar a Xavier Trias, alcaldable de JxCat en Barcelona, que se justificó aseverando que está enfrascado en lograr el triunfo en las municipales. Turull, por su parte, cerró filas con Borràs argumentando que el TSJC aplicará “el código penal del enemigo”. “Puede más la persecución al independentismo que la objetividad y la imparcialidad de los hechos que se están juzgando”, indicó el líder de JxCat, a la par que criticó las “toneladas de dudas” vertidas desde ERC.