Actualizado hace 47 minutos
Las Juntas Generales de Bizkaia han acordado este miércoles instar a la Diputación foral a desarrollar, en un plazo máximo de tres meses, los criterios necesarios para identificar a los grandes tenedores de vivienda en el territorio. El objetivo es disponer de una "radiografía" del mercado inmobiliario que permita aplicar políticas públicas diferenciadas y mejorar el acceso a una vivienda digna y asequible.
La iniciativa ha salido adelante tras una enmienda transaccional pactada entre Elkarrekin, PNV y PSE-EE, y ha contado también con el apoyo de EH Bildu. El PP ha votado en contra.
Información para aplicar políticas de vivienda
El texto aprobado reclama que, una vez definidos esos criterios, la Diputación remita a las Juntas Generales información sobre el número de grandes tenedores identificados, las viviendas de su titularidad y su distribución territorial, aunque con datos anonimizados para proteger la identidad de los propietarios.
La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha defendido la necesidad de "clarificar" esta figura para poder desarrollar medidas eficaces frente a uno de los principales problemas de la ciudadanía: el acceso a la vivienda. Según ha recordado, la Ley estatal de Vivienda de 2023 ya contempla políticas específicas para los grandes tenedores al entender que su capacidad de concentración de inmuebles puede influir en el mercado y tensionar los precios.
En la misma línea, el representante del PSE-EE Alberto Álvarez ha asegurado que "no se puede tratar igual a los desiguales" y ha diferenciado entre pequeños propietarios y grandes inversores que controlan "paquetes enteros" de viviendas. A su juicio, disponer de datos permitirá legislar "mejor" y hacer políticas "más eficientes".
Un proceso "complejo"
Desde el PNV, Garazi Díaz Insausti ha subrayado que contar con "información concreta" es fundamental para evitar medidas ineficaces. No obstante, ha advertido de que la identificación de grandes tenedores no será sencilla debido a cuestiones jurídicas aún abiertas y a situaciones complejas como proindivisos, usufructos o distintas formas de titularidad.
La Diputación ya había avanzado recientemente su intención de elaborar un registro y fijar criterios comunes para determinar qué propietarios entran dentro de esta categoría, en línea con el desarrollo de la normativa estatal de vivienda.
Críticas por la gestión de la vivienda
EH Bildu ha respaldado la iniciativa, aunque ha reprochado a la Diputación que no esté actuando "con el nivel que debería" ante el problema de acceso a la vivienda. La juntera Arantza Sarasola ha reclamado que la medida no se quede "en una mera estadística" y sirva para impulsar actuaciones concretas.
Por el contrario, el PP ha rechazado la propuesta al considerar que busca "criminalizar" la figura del gran tenedor. El apoderado Pablo Gómez-Guadalupe ha defendido que el principal problema es la falta de oferta de vivienda y ha advertido de que las restricciones a los propietarios pueden retraer inversiones y reducir el parque de alquiler.