Naciones Unidas, la Autoridad Nacional Palestina y múltiples gobiernos de Europa y Asia han expresado su rotunda condena ante la reciente licitación lanzada por el Gobierno de Israel para construir 1.234 viviendas en la denominada zona E1, al este de Jerusalén. La iniciativa, que representa casi la mitad de las 3.401 residencias aprobadas hace un año dentro de un controvertido proyecto de expansión en una franja de 12 kilómetros cuadrados (1.200 hectáreas), busca conectar los asentamientos existentes y aislar Jerusalén Este, rompiendo de facto la continuidad territorial entre el norte y el sur de Cisjordania ocupada.
El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado “profundamente alarmado” por esta licitación que “interrumpiría de facto la conexión entre el norte y el sur” del territorio palestino. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, advirtió de que la medida tendría “graves consecuencias para la integridad territorial del Territorio Palestino Ocupado y representaría una amenaza existencial para la solución de dos Estados”. Por ello, instó al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu a actuar conforme a las resoluciones de la ONU y a la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de julio de 2024, la cual determinó que la política colonial israelí vulnera la Cuarta Convención de Ginebra y constituye un esfuerzo de anexión contrario al Derecho Internacional.
La medida gubernamental otorga a las empresas contratistas hasta el 19 de octubre para presentar sus ofertas, poco más de una semana antes de las elecciones parlamentarias israelíes del 27 de octubre. Esta fase se ejecuta desoyendo las protestas internacionales y una apelación judicial presentada el pasado junio ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén por las ONG Ir Amim, Bimkom y Peace Now. Representando a las comunidades palestinas y beduinas que sufrirán desalojos forzosos si la construcción se materializa, los demandantes exigieron una “orden judicial provisional” para congelar el proceso.
Desde Palestina, Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente Mahmud Abás, urgió a la comunidad internacional a tomar “medidas serias y concretas” para frenar la agresión. Abu Rudeineh denunció que “se está erosionando” la confianza en las condenas verbales si no van acompañadas de acciones punitivas. Paralelamente, la medida reavivó las advertencias del ministro de Finanzas israelí, el ultra Bezalel Smotrich, quien en agosto del año pasado ensalzó el plan asegurando que “prácticamente elimina la ilusión de los dos Estados”.
La respuesta europea
En una declaración conjunta emitida desde París, los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia exigieron a Israel “retirar inmediatamente” el proyecto expansionista, advirtiendo a las empresas privadas de las “consecuencias jurídicas y reputacionales, en particular del riesgo de convertirse en cómplices de graves violaciones del derecho internacional”. A este bloque se unió el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, calificando la decisión de “inaceptable” e insistiendo en que el plan “socavaría gravemente la viabilidad de la solución de dos Estados”. Por su parte, el Gobierno de España se sumó a las condenas, recordando la ilegalidad de las colonias según el Derecho Internacional e instando a la comunidad global a asumir responsabilidades para alcanzar la paz.
Pero el rechazo traspasa también las fronteras europeas. Más de 20 países –entre ellos Canadá y Australia– condenan la iniciativa, sumándose a naciones del Sudeste Asiático como Malasia, cuyo primer ministro, Anwar Ibrahim, calificó la decisión de inaceptable por amenazar la creación de “una patria palestina contigua” y advirtió de que su país –que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel ni permite la entrada a sus ciudadanos– “tomará nota de cualquier empresa internacional que decida participar en estas licitaciones y actuará en consecuencia”.