El Ayuntamiento de Ordizia ha reservado en los presupuestos municipales de este año una partida de 350.000 euros para retirar la cubierta de amianto del frontón municipal Beti Alai. La medida ha sido bien recibida por la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), que ha expresado su satisfacción por el acuerdo adoptado por el Consistorio y confía en que los trabajos de retirada puedan llevarse a cabo en los próximos meses.
La asociación recuerda que la retirada de este material responde también a las obligaciones recogidas en la Ley 7/2022, que establece que el amianto presente en edificios públicos deberá eliminarse antes del año 2028.
Asimismo, la normativa fijó como fecha límite finales de abril de 2023 para que los Ayuntamientos elaboraran un censo de las instalaciones municipales que contengan amianto. Según advierte Asviamie, muchos municipios todavía no han completado ese inventario, lo que podría dificultar el cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea para la eliminación progresiva de este material.
La asociación considera “una gran irresponsabilidad” el incumplimiento de esa obligación por parte de algunos Consistorios. Por ello, hace un llamamiento a EUDEL, a las diputaciones forales y al Gobierno Vasco para que recuerden a los Ayuntamientos esta exigencia legal y pongan en marcha medidas de asesoramiento y apoyo económico que faciliten los trabajos de desamiantado.
Asviamie insiste en que la retirada del amianto es una cuestión de salud pública. Según recuerdan, está científicamente demostrado que la inhalación de fibras microscópicas de este material puede provocar graves enfermedades.