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El Consejo Presidencial de Libia, principal organismo de las autoridades reconocidas internacionalmente, ha hecho este miércoles un llamamiento a la calma tras el asesinato de Saif al Islam, hijo del fallecido líder libio Muamar Gadafi, y ha pedido esperar a los resultados de la investigación, sin que por ahora nadie haya reivindicado la autoría del crimen.
El organismo ha mostrado su “profundo pesar” y ha recalcado que la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar las circunstancias y causas del suceso, insistiendo en la necesidad de moderar el discurso y rechazar cualquier incitación.
Asimismo, ha advertido de que el asesinato de esta destacada figura política podría tener como objetivo socavar los esfuerzos de reconciliación nacional y el proceso destinado a celebrar elecciones libres y justas en el país.
Investigación en marcha y primeras reacciones
La Fiscalía libia ha confirmado que un equipo de forenses se desplazó a la vivienda de Saif al Islam y constató que fue asesinado a tiros, tras lo que los investigadores comenzaron a recopilar pruebas y tomar declaración a testigos para identificar a los responsables.
El asesinato fue anunciado a última hora del martes por su abogado, Abdulá Ozman Abdurrahim, quien detalló que cuatro hombres armados no identificados irrumpieron en su domicilio en la ciudad de Zintan, al suroeste de Trípoli. El letrado pidió a la comunidad internacional y a Naciones Unidas una investigación independiente y transparente, al considerar que el crimen supone una amenaza para la paz y la estabilidad del país.
Por su parte, la Brigada de Combate 444, vinculada al Gobierno de Unidad Nacional, negó cualquier implicación en los hechos tras las acusaciones vertidas en redes sociales.
Una figura clave en la Libia post-Gadafi
Saif al Islam, quien en el pasado fue considerado posible sucesor de su padre, fue condenado a muerte por un tribunal libio por crímenes de guerra cometidos durante el levantamiento de 2011, aunque una milicia afín a las autoridades del este del país lo liberó en 2017, una decisión muy criticada por el Gobierno reconocido internacionalmente.
Sobre él pesaba además una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) y en 2021 se presentó a las elecciones presidenciales, finalmente canceladas. Su muerte se produce en un contexto de profunda división política, con dos administraciones rivales y un proceso electoral aún bloqueado, lo que vuelve a poner de relieve la fragilidad institucional que atraviesa Libia.