Arranca el Pacto de Migración y Asilo de la UE entre críticas de las ONG

Actualizado hace 5 minutos

Desde este jueves los Estados miembros de la Unión Europea (UE) están obligados a aplicar el Pacto de Migración y Asilo, que supone un endurecimiento de la política migratoria de los Veintisiete y ha provocado las críticas de las ONG. Estas organización advierten de falta de transparencia y aseguran que las medidas que incluye suponen una amenaza para los derechos de los migrantes.

El pacto, entre otras cosas, introduce un mecanismo exprés directamente en la frontera para migrantes con pocas probabilidades de recibir asilo que resolverá el procedimiento en un plazo de hasta 12 semanas. En caso de denegarse el asilo, se pasará a un procedimiento de expulsión inmediato.

Asimismo, se fija triaje obligatorio de un máximo de 7 días para identificar, registrar datos biométricos, realizar un control médico y de seguridad a toda persona que entre de forma irregular a las fronteras exteriores de la UE sin cumplir los requisitos de entrada. Además, a partir de ahora, no solo se registrarán huellas dactilares, sino también imágenes faciales de personas interceptadas (a partir de los 6 años de edad).

Se crea también un mecanismo de solidaridad obligatorio pero flexible de forma que los Estados miembros de tránsito están obligados a acoger a demandantes de asilo, realizar contribuciones financieras directas (un pago por cada migrante no acogido, lo que las ONG denominan "solidaridad a la carta") o prestar apoyo operativo y técnico en las fronteras.

A todo ello se suma el acuerdo del pasado 1 de junio sobre el Reglamento de Retorno y que autoriza a los Estados miembros a mantener a los migrantes bajo arresto en las zonas fronterizas para evitar que entren formalmente en el territorio o se den a la fuga.

Advertencias de las ONG

Las entidades sociales que forman parte del denominado Grupo de Trabajo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Cáritas, Oxfam, CEAR o Médicos Sin Fronteras, han denunciado que esta nueva etapa para la política migratoria plantea importantes retos en relación con la garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas.

"Estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro -mecanismo legal que permite a un país rechazar las solicitudes de asilo y deportar a los solicitantes a un tercer país (de tránsito)- y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros -la cual incluye estados con graves deficiencias en derechos humanos-, debilitan gravemente derechos y garantías consolidados, como el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas", advierten.

Muestran su preocupación sobre todo por el sistema de triaje que, a su juicio, "refuerza mecanismos de control en frontera, como el uso intensivo de datos biométricos y la externalización del control migratorio hacia terceros países que no garantizan los derechos humanos".

Además, el hecho de que el Pacto amplíe los supuestos en los que las solicitudes de asilo podrán examinarse "mediante procedimientos especiales menos garantistas y con plazos reducidos aumenta el riesgo de detención y restricciones a la movilidad, dificulta el acceso a información y asistencia jurídica, prolonga los tiempos de tramitación y favorece el uso de centros cerrados o de detención de facto, incluso para menores y personas en situación de vulnerabilidad".

En el caso de la infancia, las nuevas medidas pueden suponerles un grave perjuicio por lo que reclaman "evaluar individualmente el interés superior de cada niña, niño y adolescente y garantizar que sean escuchados y puedan participar en el procedimiento.