Aragonès apuesta por un referéndum pactado según el artículo 92 de la Constitución y plantea la pregunta: "¿Queréis que Catalunya sea un estado independiente?"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este martes que la "vía óptima" para convocar un referéndum acordado con el Estado es el artículo 92 de la Constitución y que la pregunta que debería plantearse a los catalanes es: "¿Queréis que Catalunya sea un estado independiente?".

En una comparecencia informativa en el Palau Centelles de Barcelona, Aragonès ha informado del contenido del informe que le ha entregado el director del Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA), Joan Ridao, en el que se identifica el "instrumento jurídico concreto" para llevar a cabo esta consulta y que servirá como "una propuesta base para la negociación" con el Gobierno español.

"Las conclusiones son claras: votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y solo es cuestión de voluntad política", ha explicado Aragonès en relación con un referéndum que no requeriría de un umbral mínimo de participación ni de mayorías cualificadas para ofrecer un resultado válido.

El artículo 92 de la Constitución dice, en concreto, que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", el cual "será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados".

"Es un informe robusto, sólido y concreto", ha reivindicado el jefe del ejecutivo catalán, quien también ha subrayado que la pregunta planteada "es clara y debe ser respondida con un sí o un no".

El documento, de 37 páginas, se ha presentado a poco más de un mes para la celebración de las elecciones catalanas y Aragonès, también candidato de ERC, ha dicho que se dejará a disposición del Parlament y del Govern resultantes de los comicios.

El president ha indicado que su gobierno no dejará "nada guardado en un cajón" antes de las elecciones, y ha subrayado que esta propuesta se puede llevar a cabo "sin necesidad de modificaciones legislativas".

Al insistir en que solo es necesaria voluntad política y ante la previsible negativa del Gobierno a aceptar un referendo, ha remarcado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez también rechazaba inicialmente la amnistía.

La apuesta de Aragonès para el "acuerdo de claridad"

El informe dado a conocer hoy es un paso más dentro de la apuesta por el "acuerdo de claridad" propugnado por Aragonès para establecer unas reglas y condiciones claras sobre cómo organizar un referéndum de autodeterminación acordado con el Estado.

El president encargó previamente a un grupo de expertos estudiar cómo podría resolverse el conflicto político en Catalunya, y este comité planteó, el pasado octubre, las siguientes cinco fórmulas para un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado.

Que el Parlament apruebe iniciar un proceso de reforma constitucional que podría incluir la independencia; una consulta de "ratificación" de un eventual acuerdo político que no necesariamente sea sobre la independencia; un referéndum en todo el Estado sobre si hay que autorizar a Catalunya a votar sobre su independencia; una votación estatal de ratificación de los términos de la desconexión; o dos consultas paralelas en Catalunya y en todo el Estado.

Aragonès, en base a "los principios básicos" de ese informe, ratificó que un referendo de autodeterminación inspirado en el ejemplo de Escocia o de Quebec "es la vía más diáfana, clara y concluyente".

"Es una propuesta ampliamente aceptada por la ciudadanía catalana que responde a un consenso del 80 % de la ciudadanía. Esta es la vía para resolver el conflicto político", ha apuntado en su comparecencia.

El artículo 92, un viejo conocido

La apuesta por explorar el artículo 92 de la Constitución ya se había puesto sobre la mesa en anteriores ocasiones. De hecho, Junts también ha planteado en las negociaciones con el PSOE transitar esta vía para resolver el futuro político de Catalunya.

El documento también plantea otras vías para que los catalanes voten: reformar la ley orgánica 2/1980 sobre la regulación de diferentes modalidades de referendo o la delegación de las funciones estatales para autorizar referendos vía el articulo 150.2 de la Constitución.

Aragonès ha evitado fijar una fecha límite para alcanzar un acuerdo con el Estado sobre la consulta y no ha hecho referencia a un eventual referendo unilateral.

El Gobierno español rechaza la propuesta de Aragonès

El Gobierno español, por boca de la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha rechazado de plano la propuesta de Aragonès y ha aclarado que "en absoluto es la posición del Gobierno" y tampoco de la mayoría de los catalanes.

Es más, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha subrayado que "en absoluto está en la hoja de ruta" del Ejecutivo la celebración de una consulta sobre la independencia de Catalunya y aseverado que es "clara y radicalmente contraria" a las políticas que está impulsando desde la pasada legislatura.

Estas políticas son, ha aclarado, las de "la unidad, el reencuentro y la concordia" con Catalunya, "avaladas" por la mayoría de sociedad catalana que "apuesta y defiende" el camino de la "reconciliación", que es por el que seguirá trabajando el Gobierno.

La también titular de Educación ha recordado la "evidencia" de que el próximo 12 de mayo habrá elecciones autonómicas en Catalunya, y por tanto cuando hay comicios cerca los candidatos lanzan sus propuestas con el "objetivo" marcado en clave electoral.

Ante diversas preguntas a las que ha contestado sobre el planteamiento de Aragonès ha reiterado que la posición del Ejecutivo español es "de sobra conocida", en el sentido de que no comparte la idea del referéndum sobre la independencia que ni estaba en la "hoja de ruta" de la anterior legislatura ni tampoco en la actual.

Preguntada sobre si podría cambiar de posición el Gobierno español al igual que lo hizo con la amnistía para los independentistas del procés, ha explicado que Ley de Aministía que está debatiendo el Senado nace de una proposición de ley del grupo socialista en el Congreso "muy diferente" de las que en otros momentos registraron las formaciones independentistas.