Amnistía Internacional denuncia ataques sistemáticos para socavar las protestas

“El derecho de reunión pacífica está sufriendo una fuerte embestida en toda Europa”. Es la principal conclusión de la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional, que pone de manifiesto que “los Estados reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente, imponiendo restricciones injustificadas y punitivas y recurriendo a medios cada vez más represivos”.

Austria, Francia, España, Turquía, Bélgica... el estudio denominado Under-protected and over-restricted: The state of the right to protest in 21 countries in Europe denuncia la existencia de un patrón en todo el continente de “leyes represivas, uso excesivo o innecesario de la fuerza, detención arbitraria y enjuiciamiento, restricciones injustificadas o discriminatorias, y uso creciente de tecnologías de vigilancia invasivas”, cuyo resultado es, según Amnistía Internacional, “un retroceso sistemático del derecho a protestar”.

Y refuerzan dicha afirmación con algunas de las consecuencias de las represiones de las protestas registradas hasta ahora, que se extienden a multitud de países: fracturas de dientes o huesos en Alemania, Francia, Grecia o Italia, pérdida de una mano en Francia, pérdida de un testículo en España, así como luxaciones, lesiones oculares y traumatismo craneal grave, por el uso de balas de goma. Todas ellas, denuncian, en protestas pacíficas llevadas a cabo.

De hecho, en el caso del Estado, Amnistía Internacional pone el foco en los nueve años de vigencia de las leyes mordaza, “impunidad tras los abusos policiales, demonización de la protesta, persecución de activistas y, especialmente, por las infiltraciones de policías en los movimientos sociales”.

La investigación de Amnistía dibuja el panorama “profundamente alarmante de una ofensiva en toda Europa contra el derecho de protesta. En todo el continente, las autoridades están vilipendiando, obstaculizando, disuadiendo y castigando ilegalmente a quienes protestan de manera pacífica”, sostiene Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Así las cosas, la representante recuerda la importancia que han tenido las protestas sociales a lo largo de la historia: “La protesta pacífica ha tenido un papel decisivo para lograr el reconocimiento de muchos derechos y libertades que hoy damos por hechos”. Un movimiento que sin embargo está sufriendo un retroceso: “En toda Europa, leyes y políticas represivas combinadas con prácticas injustificadas y tecnologías de vigilancia abusivas están creando un entorno tóxico que representa un verdadero peligro para la protesta y quienes protestan pacíficamente”. Una represión que tildan además de sistemática, ya que aunque “cualquiera de ellas, por sí sola y en un solo país, sería preocupante”, “que haya decenas de estas tácticas represivas a escala continental es simplemente terrorífico”, defienden.

Derecho a reunión

A pesar de que la normativa internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y facilitar las reuniones pacíficas, Europa está incumpliéndolo, señala el informe. Y es que ponen de manifiesto que “los actos pacíficos de desobediencia civil se plantean como “una amenaza para el orden público o la seguridad nacional”, lo que sirve a las autoridades de pretexto para imponer restricciones “y soslayar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Aunque la totalidad de los 21 países examinados en el informe han ratificado los principales instrumentos de derechos humanos que protegen el derecho de reunión pacífica, muchos no han incorporado las disposiciones regionales e internacionales a su legislación nacional. Esto, sumado a diversas medidas para poner la zancadilla a la celebración de manifestaciones, como la aprobación de leyes represivas, restricciones arrolladoras y requisitos difíciles de cumplir, crea un entorno “cada vez más hostil para la protesta”, apuntan.

La investigación de Amnistía Internacional revela que los motivos dados por las autoridades para imponer restricciones eran a menudo falsos, y que los gobiernos usaron con frecuencia la “seguridad nacional” y el “orden público” como pretextos para reprimir la disidencia pacífica. Ha sido el caso, por ejemplo, de manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino en toda Europa. Esas “excusas”, “no sólo incumplen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, sino que además se basan en estereotipos y prejuicios raciales”, apuntan.

Es por eso, que advierten de que el derecho a protestar “podría terminar ‘muriendo desangrado’ en Europa, cuando la gente que sale a la calle se enfrenta a una avalancha de restricciones cada vez más represivas, sanciones penales, violencia del Estado, discriminación y vigilancia generalizada”, zanja Catrinel Motoc.