Alfonso Fernández Mañueco hace autocrítica pero no cesará a Gallardo

El presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, rechazó ayer lunes la posibilidad de cesar al vicepresidente de su Gobierno, Juan García-Gallardo, tras la polémica suscitada por el supuesto nuevo protocolo sobre la interrupción de embarazos que contemplaba medidas antiabortistas y que finalmente no ha visto la luz. “Ese es un debate que, en estos momentos, ahora, no está en mi cabeza”, precisó Mañueco en una entrevista concedida a la Cadena Cope.

Dicho esto, Fernández Mañueco realizó “autocrítica” sobre la manera de comunicar y de explicar unas “medidas sanitarias” que “se han podido explicar mejor” y que buscaban a su juicio “mejorar” las prestaciones que se ofrecen a las mujeres embarazadas y “fomentar la natalidad y el apoyo a las familias” en la región, ante lo que anunció la presentación en los próximos días de una ayuda directa a quienes tengan un hijo este año.

“Es evidente que todos tenemos que hacer autocrítica para trasladar mejor la gestión de Gobierno de la vida cotidiana de Castilla y León”, aseveró el presidente de la Junta, que consideró que la polémica fue “corregida” en la misma tarde del jueves 12 y en el posterior Consejo de Gobierno del día 19, recordando que en la nota de prensa del Ejecutivo no se hablaba “en ningún momento” de medidas “provida” ni de aborto.

Fernández Mañueco aprovechó la ocasión para reprochar una vez más la “excesiva sobreactuación” del Gobierno español sobre un asunto que, según criticó, se ha querido utilizar como “arma electoral” a través de “toda una maquinaria mediática”, y se reafirmó en que no ha habido ningún protocolo y en que no había ni hay ninguna intención de tocar el protocolo de las mujeres embarazadas que quieran abortar.

“No obligar” a nada

“Nuestra intención no ha sido ni va a ser obligar a los profesionales o a las mujeres a nada”, continuó el jefe del Ejecutivo autonómico, que insistió en sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ve “capaz de cualquier cosa” para “retorcer la realidad”, con la renuncia a presentar el requerimiento como una “prueba palmaria” de una “sangrante” presión a la Junta de Castilla y León que, según reivindicó, ha sido y es “leal y comprometida con España”, a diferencia de otros gobiernos “profundamente inconstitucionales”.