La oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea sigue sin avances formales, pero el Gobierno español mantiene firme su apuesta y da por hecho que el reconocimiento de lengua oficial en la Unión Europea llegará. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó ayer que el proceso es “ineluctable”, aunque admite que la falta de unanimidad sigue retrasando la decisión.
En una entrevista en Radio Euskadi, Albares defendió que la oficialidad de las lenguas cooficiales es solo “cuestión de tiempo”. Según explicó, ningún Estado miembro ha trasladado un rechazo frontal a la propuesta española, aunque varios gobiernos han solicitado más margen antes de sumarse al consenso necesario en el Consejo de la UE.
“El Gobierno de España no va a retirar esa solicitud”, recalcó el ministro, que enmarca la iniciativa en una cuestión de “justicia” hacia millones de ciudadanos europeos. A su juicio, el reconocimiento de estas lenguas responde tanto a la realidad constitucional del Estado como a su uso cotidiano en las instituciones, incluido el Congreso y el Senado.
Sin embargo, Albares apuntó a la política interna como uno de los principales factores de bloqueo. En concreto, acusó al Partido Popular de presionar a sus aliados europeos para frenar la iniciativa. “Que pierdan toda esperanza, lo único que hacen es retrasarlo”, afirmó, convencido de que esas maniobras no podrán impedir el resultado final.
Pese a la falta de avances visibles, el Ejecutivo insiste en que no existen ya obstáculos de fondo. España ha asumido el coste económico de la medida y ha reformulado su propuesta para evitar que otros países se vean obligados a extender el reconocimiento a sus propias lenguas. Para Albares, el único freno real responde a dinámicas políticas y no a objeciones técnicas o jurídicas.
Paciencia diplomática
Así, el Gobierno Sánchez mantiene su hoja de ruta con una mezcla de presión diplomática y paciencia política. Sin calendario concreto, pero con la convicción de que la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego acabará materializándose, Moncloa asume que el proceso sigue abierto en Bruselas, aunque lejos todavía de su desenlace.
Ya el pasado enero, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, puso cifras al estancamiento. El expediente lleva nueve meses fuera de la agenda formal del Consejo de Asuntos Generales, donde debe adoptarse la decisión definitiva, después de su última inclusión en julio de 2025. Pese a ello, insistió en que el debate sigue activo a nivel diplomático. “España no va a renunciar a esta prioridad”, insistió ayer Albares
Sampedro explicó a principios de año que las conversaciones continúan tanto en foros informales como en contactos bilaterales con otros Estados miembros. Entre ellos, destaca el diálogo con Alemania iniciado el pasado otoño para explorar vías de entendimiento, aunque Berlín ha reiterado que su posición no ha variado sustancialmente.
La posibilidad de que el asunto regrese a la agenda durante la actual presidencia chipriota del Consejo, que concluye el próximo 30 de junio, dependerá de que se pueda “constatar que hay el consenso necesario”. Ese respaldo unánime sigue siendo, a día de hoy, la principal condición pendiente.