Abusos y suicidios: la memoria más oscura de la ‘mili’

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Este lunes 9 de marzo se cumplen 25 años de la aprobación por el Consejo de Ministros del Gobierno que presidía José María Aznar del decreto que establecía el 31 de diciembre de 2001 como fecha para la suspensión definitiva del servicio militar obligatorio. Aquella iniciativa en realidad adelantaba en un año el plazo marcado anteriormente por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Aquello supuso una enorme liberación para centenares de miles de jóvenes de todo el Estado que veían en la mili una absurda pérdida de tiempo y un paréntesis inoportuno en un momento clave ya fuera para sus estudios o para el desarrollo de su vida personal y profesional. Pero para muchos de ellos suponía bastante más. La adaptación a la paranoica disciplina castrense que imperaba en los cuarteles de un ejército español impregnado aún de franquismo por sus cuatro costados les resultaba una experiencia insoportable, que a menudo venía acompañada de vejaciones y malos tratos propiciados por oficiales y suboficiales superiores o por otros reclutas. Una tortura de la que buscaban evadirse de cualquier modo. Y no pocos eligieron el suicidio como vía de escape. La cuestión ha llegado al Congreso de los Diputados, donde varios grupos políticos socios del Gobierno, incluido el de Sumar, que cuenta con carteras en él, registraron recientemente una proposición no de ley para pedir que se abra una investigación sobre los abusos, vejaciones y casos de suicidio que afectaron a miles de jóvenes mientras prestaban el servicio militar en las décadas de los 80 y los 90. Es otra parte de esa memoria histórica que tantas lagunas continúa exhibiendo pese al paso de los años.

Existen investigaciones que cifran en unos 1.900 los reclutas que murieron haciendo la mili obligatoria en el período democrático -desde mediados de los 70 al inicio del nuevo milenio- en el que esta fórmula estuvo vigente. De ellas, el Ministerio de Defensa reconoce en base a sus datos oficiales que más de 300 son atribuibles a casos documentados de suicidio. Sin embargo, esta cifra podría quedarse pequeña. Como se recoge en la propuesta de creación de una Comisión de Investigación en el Congreso para abordar esta cuestión, ciertas “investigaciones periodísticas y testigos de los familiares apuntan que la cifra podría ser superior, especialmente si se tienen en cuenta las defunciones calificadas en su momento como accidentales”. Y es que, según sus promotores, “diversas familias han conocido años después que la muerte de sus hijos había sido un suicidio vinculado a los abusos y vejaciones sufridos” en los cuarteles.

Esta iniciativa, que también emplaza al Defensor del Pueblo a tomar cartas en el asunto y que cuenta con la firma del PNV y de Bildu, además de con las de Sumar, Junts, ERC, Podemos, Compromís y BNG, llega a Madrid un mes después de que este mismo asunto accediera a la agenda política en Catalunya. Allí, de nuevo Junts y ERC, en este caso con el respaldo de la CUP y los Comuns, instaron al Sindic de Greuges -el equivalente catalán al Ararteko- a actuar de oficio en estos casos. Una semana antes, a través de una declaración institucional, el Parlament expresó su apoyo a las familias afectadas por estos hechos, organizadas en el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili con el objetivo de buscar justicia y reparación.

Un grupo de soldados de reemplazo durante el régimen franquista. Redaccion NdG

Algunas de ellas son las protagonistas de un documental emitido por TV3 y 3Cat que ha sacudido muchas conciencias en Catalunya: Et faran un home. Morts silenciades (Te harán un hombre. Muertes silenciadas). Centrado en los centenares de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili, es la continuación de Et faran un home, trabajo de 2024 también dirigido por Mireia Prats y Joan Torrents que denunció vejaciones, abusos y violaciones durante la mili en los primeros años de la democracia. En la segunda parte se reúnen testimonios estremecedores como los de Francesc Robelló, cuyo hermano Narcís fue hallado en 1980 en un despacho del cuartel de Ceuta donde cumplía el servicio militar con un abrecartas clavado en el corazón. Nunca ha creído que se quitara la vida, como aseguraba la versión oficial ofrecida por el ejército. “A mi hermano le asesinaron”, dice convencido Francesc, recordando la carta que, pocos días antes de morir, les envió ilusionado por el permiso que le habían concedido para visitar a los suyos y pidiéndoles que le mandaran fuet. Una orden de capitanía prohibía hablar a los soldados de la muerte de Narcís bajo amenaza de arresto. Su hermano sospecha que, al estar destinado en la Comandancia General de Ceuta, pudo enterarse de alguna información relacionada con la trama golpista que, cuatro meses después, desembocaría en el asalto al Congreso de los Diputados liderado por el recién fallecido Antonio Tejero en 23 de febrero de 1981.

También se recogen las vivencias de personas que hicieron la mili y aseguran que los militares ocultaban casos de autolisis manipulando informes y certificados médicos. O de familiares de jóvenes a los que su paso forzado por el ejército les traumatizó de tal modo que acabarían suicidándose un tiempo después de licenciarse, como ocurrió con Martí Muntada. Su hermana Mónica tiene la convicción de que le maltrataron y le violaron en el cuartel de Berga (Barcelona) al que fue destinado en 1983. “Ya no volvió a ser el mismo. Se cerró en sí mismo, entró en enfermedad mental y en 1989, con 26 años, se suicidó en la cama de su habitación”, rememora.

El periodista catalán Àlex Gorina, víctima de abusos sexuales en la 'mili'. Wikipedia

Morts silenciades surge como respuesta al aluvión de denuncias recogidas por 3Cat tras la emisión en diciembre de 2024 de Et faran un home. Causaron conmoción episodios como los narrados en este documental por Àlex Gorina, reconocido periodista y crítico de cine catalán, quien confesó haber sido violado por tres sargentos en la sala de armas. El revuelo generado por este trabajo audiovisual llevó a ERC a presentar en noviembre del año pasado en el Congreso una primera proposición no de ley para reconocer, investigar y reparar los casos de malos tratos y vejaciones producidos en el ámbito del servicio militar. Su iniciativa fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox y UPN y la abstención del PSOE.

Propuesta de ERC

Unos pocos meses después de aquello, el estreno en el pasado enero de Morts silenciades ha aportado más munición para la causa y, en esta ocasión, a ERC se le han sumado más grupos para abanderar esta cuestión. En la nueva propuesta, fundamentada en unos “hechos que no responden a episodios aislados, sino que apuntan a una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional”, se considera “necesario activar formalmente los mecanismos institucionales para contribuir al esclarecimiento” de los mismos, así como “al reconocimiento de las víctimas y al impulso de medidas de reparación”. Para ello solicitan la puesta en marcha de una comisión de investigación que tiene como objeto “la recopilación sistemática de datos sobre suicidios, muertes en circunstancias no aclaradas y denuncia de avisos” ligados a la mili; el “análisis de posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares”; el “reconocimiento público de las víctimas” y el “establecimiento de mecanismos de reparación moral, simbólica y económica”.

Reclutas jurando bandera. NTM

Descenso paulatino

En el artículo Suicidios en soldados de las Fuerzas Armadas de España en la última década del servicio militar obligatorio (1991-2001), los investigadores Fernando Miralles y Antonio Cano apuntaban a la “constante depresión de aquel que se siente solo en un ambiente que le parece hostil” como una de las causas desencadenantes de los “trastornos adaptativos” que podían llevar a un desenlace tan trágico como el de optar por quitarse la vida. Constataban también que, entre 1979 y 1986, la tasa de suicidios de soldados en el Ejército de Tierra era de 10,11 por cada 100.000 y que la de tentativas de autolisis en este colectivo aumentaba hasta el 20,2 por cada 100.000. Esos índices estaban muy por encima de las cifras entre la población civil, que rondaban los 6,5. Con el paso de los años, esa tendencia fue menguando. Así, desde los 19 suicidios consumados de 1990, según datos ofrecidos por el Ministerio de Defensa, el número fue descendiendo paulatinamente -salvo el pico sufrido en 1994 con 27 decesos por ese motivo- hasta no registrarse ninguno en 2000 y 2001, los dos últimos años en los que estuvo vigente la mili. En sus conclusiones, señalan como factores de esta disminución el “esfuerzo” realizado por Defensa para “poder adaptar al joven soldado a sus Fuerzas Armadas” en un contexto de creciente contestación al servicio militar; la existencia de “equipos de psicólogos y psiquiatras en los cuarteles y la propia posibilidad de poder declararse objetor de conciencia, lo que propiciaba una “autoselección” en la que se quedaban sin incorporar “jóvenes con predisposiciones negativas” hacia el ejército.

Un muro de silencio

Un cuarto de siglo después de que aquella inmensa marea de jóvenes objetores e insumisos obligara al Gobierno de José María Aznar a hincar la rodilla y acabar con el servicio militar obligatorio, se busca reparar las heridas más profundas que aquella absurda práctica dejó en muchas personas. Pero, como se acaba de comprobar con la decepcionante desclasificación de los papeles secretos del 23-F, sigue siendo muy complicado arrojar luz sobre hechos que implican a las altas esferas del poder en el Estado español. Montse Bailac, documentalista en TV3 desde 1986 y encargada de dicha labor en Morts Silenciades, aseguraba con motivo de su estreno que nunca en sus 40 años de experiencia se había encontrado con tantas trabas para recabar datos. Crítica con la “opacidad” a la que han tenido que hacer frente, que incluía “ilegalidades” como el no darles acceso a determinada documentación sin el visto bueno del coronel correspondiente, lamenta que nunca se podrá saber exactamente cuántos jóvenes murieron haciendo la mili ya en tiempos de democracia. Tras batallar contra unos registros cambiantes y realizados de forma aleatoria, sin poder discernir a ciencia cierta si se trataba de suicidios, accidentes u homicidios encubiertos, Bailac y su equipo solo han podido confirmar esas 1.900 muertes de reclutas tras la muerte de Franco. Narcís Robelló era uno de ellos y su hermano Francesc sigue con su lucha en busca de la verdad. Una dura contienda, porque como dice, “45 años después, el muro de silencio del Estado sigue existiendo”.