El exministro José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que le permita comparecer por videoconferencia en la audiencia preliminar del caso sobre presuntas comisiones en contratos de mascarillas, prevista el día 12, ante el "deterioro anímico y físico" que supone un traslado desde prisión, donde está desde noviembre.
También quien fuese su más estrecho asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, ha solicitado asistir por videoconferencia al aducir problemas de salud y lesiones, lo que ha motivado que el alto tribunal haya pedido un informe a los servicios médicos de la prisión de Soto del Real (Madrid).
"Dureza" de los traslados
En un escrito remitido al tribunal, al que ha tenido acceso EFE, el también exdirigente socialista alude a la "dureza de los traslados" desde prisión por las "condiciones físicas y psicológicas que implican".
"Los presos son trasladados en furgones blindados diseñados para la seguridad, no para la comodidad, a menudo compartiendo espacios reducidos y en condiciones de higiene más que mejorables", argumenta, y recuerda que el Defensor del Pueblo ha recomendado revisar los protocolos de desplazamiento.
El "sufrimiento" que supone -continúa el escrito de la defensa del exministro- solo puede justificarse "con la necesidad imperiosa de dicho traslado a sede judicial", que entiende que en este caso no se da, al poder comparecer Ábalos por videoconferencia.
La audiencia preliminar del próximo 12 de febrero es una vista anterior al juicio para tratar las cuestiones previas.
Es decir, acusaciones y defensas pueden exponer la posibilidad de conformidades, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio, nulidad de actuaciones, o pronunciarse sobre las pruebas propuestas.
Tras ello se dictará un auto para resolver estas cuestiones y, en caso de seguir adelante y no aceptar los motivos de nulidad planteados por las defensas, el tribunal fijaría una fecha para el juicio, que podría ser en el mes de abril.
Sería el primer juicio del denominado caso Koldo, centrado en presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia, en el que además del exministro y su exasesor está acusado el considerado comisionista, Víctor de Aldama.