Actualizado hace 2 horas
Vitoria-Gasteiz se sumerge desde este lunes en una de las semanas más cargadas de simbolismo y exigencia de justicia de su historia reciente. Se inicia la semana en la que se conmemora el 50 aniversario de los hechos del 3 de marzo de 1976, una fecha que permanece como una herida abierta en el corazón de Álava. Este lunes ya comienzan los actos de homenaje con el descubrimiento de la placa que declara oficialmente a la iglesia de San Francisco de Asís como Lugar de Memoria Democrática. El acto contará con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, la consejera María Jesús San José y la alcaldesa Maider Etxebarria.
El Parlamento Vasco insta a Moncloa a “reconocer el papel del Estado” en la matanza del 3 de marzo
Esta efeméride llega marcada por el contundente posicionamiento del lehendakari, Imanol Pradales, quien el pasado fin de semana fijó la hoja de ruta de la memoria institucional ante este medio siglo de impunidad. El lehendakari defendió que los responsables de la matanza "tienen que pagar" por lo sucedido. Pradales ha sido tajante al reclamar que "aquellos que tuvieron responsabilidades" en la muerte de los cinco obreros rindan cuentas, subrayando que, incluso si algunos ya han fallecido, es imperativo que "se conozca claramente quiénes fueron" los que ordenaron disparar contra una multitud indefensa.
El fin de los secretos de Estado
Para el jefe del Ejecutivo vasco, este 50 aniversario es el "momento muy oportuno" para que la verdad deje de estar bajo llave. En este sentido, Pradales ha exigido la desclasificación total de los documentos relacionados con el 3 de marzo, denunciando que durante décadas han existido "continuas cortapisas a la investigación". Su mensaje es claro: en una democracia plena, "ningún acto puede estar bajo llave", y el reconocimiento del papel del Estado en aquellas muertes es un paso ineludible para la reparación de las víctimas.
Una masacre sin castigo penal
La conmemoración de esta semana se produce en un contexto de persistente bloqueo judicial. El 3 de marzo de 1976, la Policía Armada disolvió una asamblea de trabajadores en la iglesia de Zaramaga utilizando gases lacrimógenos, botes de humo y fuego real. La intervención se saldó con la muerte de Pedro Mari Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, además de centenares de heridos. Sin embargo, cinco décadas después, todas las denuncias interpuestas en el Estado español para procesar a los culpables han fracasado.
El PNV lleva al Senado su exigencia de responsabilidades al Estado por el 3 de marzo
La cronología de la impunidad es extensa. Desde los primeros sumarios de 1976, que acabaron en la jurisdicción militar y fueron sobreseídos, hasta las querellas presentadas en 2016 por el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava, la justicia española ha invocado sistemáticamente la prescripción de los delitos. Ni siquiera las denuncias ante el Alto Comisionado de la ONU en 2004 y 2019 han logrado abrir una vía penal en España.
La vía argentina y el papel de Martín Villa
En este desierto judicial, la única llama que permanece encendida es la de la "querella argentina" dirigida por la jueza María Servini. En 2014, la magistrada llegó a emitir una orden de detención internacional contra Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Relaciones Sindicales, aunque su extradición nunca se materializó. A pesar de que en 2021 se suspendió momentáneamente su procesamiento por falta de pruebas adicionales, el exministro sigue imputado y la justicia argentina debe decidir ahora si vuelve a procesarle tras la nueva documentación aportada por las asociaciones de víctimas.
Para la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, figuras como Martín Villa y Manuel Fraga, responsable de Gobernación en aquel momento, son los máximos responsables políticos de una matanza que aún espera una sentencia penal que la califique como crimen de lesa humanidad.
El camino hacia la reparación oficial
Frente al bloqueo penal, la lucha de las familias ha logrado avances significativos en el plano del reconocimiento. No fue hasta 2007, con la Ley de Memoria Histórica, cuando se garantizó el derecho a indemnización para los fallecidos. Posteriormente, en 2012, el Gobierno Vasco incluyó a los afectados en el decreto de víctimas de abusos policiales.
El hito más reciente se ha producido este mismo año 2026. Al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática, el Gobierno ha reconocido como víctimas de una "violencia injusta" a 31 personas damnificadas por la actuación policial, incluyendo a los cinco obreros asesinados. Este reconocimiento, sumado a la creación de la Fundación Memorial 3 de Marzo en 2024, marca un punto de inflexión en la dignificación de su memoria. Sin embargo, como bien ha recordado la asociación de víctimas, el objetivo final sigue siendo que el Estado reconozca oficialmente su responsabilidad directa en aquellos crímenes.
Noticias Relacionadas
El petróleo se encarece casi un 10% y adelante una subida del precio de los carburantes por los ataques sobre Irán
Maderas Llodio: el comité busca el apoyo de Gobierno vasco y diputación de Araba para desbloquear el conflicto tras la sentencia del ERE
Contra el Cáncer establece dos puntos de atención semanal en Rioja Alavesa
Avance en la mejora de la red de saneamiento de Artziniega
Arabako enpresek kanpo komunikazioan euskara sustatzeko gakoak aztertu dituzte
Arabako Errioxako Kuadrillak 'Lurretik Lurrera' kanpaina abiatu du biohondakinen birziklapena indartzeko
Giro egonkorra eta tenperatura maximoak gora igande honetan
