29N: la vivienda abre la puerta a la incógnita

Actualizado hace 1 minuto

No han transcurrido ni siquiera tres semanas desde que la Policía Nacional materializara el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años sacada a la fuerza de la casa del madrileño barrio del Retiro donde llevaba siete décadas viviendo, y ese suceso, nada inhabitual por desgracia, ha dado un tremendo revolcón al panorama político estatal. De momento, ha provocado el final adelantado de una legislatura que Pedro Sánchez estaba empeñado en agotar a toda costa. La derogación en el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, de dos decretos sobre vivienda -finalmente el primero de ellos saldrá adelante por la vía de la Diputación Permanente- que contenían medidas de protección contra los desahucios y limitaciones a los llamados fondos buitre llevó al presidente del Gobierno a convocar elecciones con varios meses de antelación, dando así satisfacción a la insistente reclamación de la oposición, pero sobre todo atendiendo a las señales que le indican que es el mejor momento para hacerlo.

El PSOE confía en que la indignación desatada entre la ciudadanía tras el desahucio y el posterior fallecimiento de Maricarmen, con la que ha hecho causa común, le dé oxígeno a Sánchez y al espacio a su izquierda para afrontar con más garantías la batalla contra una derecha que se ha posicionado claramente contra las reivindicaciones de un movimiento que clama por un derecho a la vivienda real y efectivo. A tenor de las encuestas, no parece que esto vaya a ser suficiente para revertir una tendencia, refrendada recientemente en cuatro comicios autonómicos (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía), que daría una amplia mayoría absoluta a la suma de PP y Vox. Especialmente inquietante resulta el crecimiento de la formación de ultraderecha, que prácticamente doblaría su representación en el Congreso hasta alcanzar los 63 escaños. Pero, a la espera de cómo evolucione la cuestión y con una huelga general a dos días del inicio de la campaña electoral, la cuestión de la vivienda abre un pequeño resquicio a la incógnita frente a un resultado que parecía inalterable.

Pedro Sánchez ha visto una ventana de oportunidad para poder competir con la derecha en las urnas. Europa Press

La ventana de oportunidad para el PSOE

En el alpinismo es muy habitual permanecer agazapado durante un largo tiempo en el Campo Base a la espera de que una ventana de buen tiempo permita un ataque a cumbre que, de no mediar esas condiciones meteorológicas benignas, no tendría opción alguna de culminar con éxito. Cuando llega ese momento, la expedición se lanza rauda en pos de su objetivo, sin un minuto que perder por miedo a que un empeoramiento repentino dé al traste con sus ilusiones. Eso es, exactamente, lo que Pedro Sánchez ha hecho con la convocatoria anticipada de elecciones. Las continuas tormentas que, en formas de escándalos judiciales, apagones eléctricos, desastres naturales y crisis migratorias como la de Ceuta, vienen descargando con fuerza sobre Ferraz y la Moncloa prácticamente desde que, hace tres años, comenzara esta legislatura ya finiquitada, le han llevado al presidente del Gobierno a esperar con paciencia. Durante todo este tiempo ha estado achicando agua como podía en su anegado puesto de mando y con el único objetivo de aguantar como fuera hasta 2027 para agotar su mandato antes de dar paso a un previsible cambio de guardia. Sin embargo, el estallido de indignación en torno a la vivienda que detonó el desahucio de Maricarmen ha conseguido que en el PSOE vieran cómo un rayo de esperanza se abría paso entre los negros nubarrones que se cernían sobre la formación. Y, por ello, el líder de la cordada socialista ha llamado a la acción de inmediato con la ambición de lograr una proeza y hollar la cima del más complicado de los ochomiles de este escarpado Himalaya en que se ha convertido la política española: doblegar al bloque de la derecha formado por PP y Vox.

Siguiendo con los símiles deportivos, Sánchez se ve como ese pelotari que, con el marcador muy cuesta arriba tras una mala puesta en escena, aprovecha un error del rival para hacerse con el saque y, cambiando la pelota por otra que le va mejor, arriesga para reducir tanto a tanto la distancia respecto a su oponente hasta que este sienta su aliento en el cogote. Ese error del contrario sería el de tumbar los decretos de vivienda cuando la sensibilidad en torno a esta materia estaba a flor de piel entre amplias capas de la sociedad, como se ha reflejado en las multitudinarias manifestaciones desarrolladas en protesta por la derogación de las propuestas planteadas por el Gobierno. Y esa pelota viva escondida en el cestaño, con la que el Gobierno quiere tomar la iniciativa y alentar el nerviosismo en la oposición, es la de recurrir a la Diputación Permanente para aprobar -al menos uno de ellos- una réplica casi exacta de los dos decretos rechazados hace poco más de una semana por el plenario de la Cámara Baja, disuelta desde el pasado martes. Una jugada maestra en lo estratégico, más allá de las dudas sobre su legitimidad ética que arroja la oposición, que liberaría al PSOE de parte de la presión que sobre él ejercen los colectivos y ciudadanos movilizados a favor del derecho a la vivienda. Y una fórmula que además, en caso de apurarse los plazos para su convalidación, mantendría la cuestión candente hasta prácticamente las puertas de la campaña electoral, ya que la Diputación Permanente deberá votarlas como máximo 30 días después de su publicación en el BOE, realizada el pasado miércoles. Ello nos llevaría como fecha límite al 6 de noviembre, justo una semana antes del arranque de la campaña.

A que la situación de la vivienda marque la agenda política hasta el 29N ayudará sin duda la huelga general anunciada por el Sindicatos de Inquilinas para el 11 de noviembre y a la que ya se han sumado la principales fuerzas sindicales estatales, como CCOO y UGT, así como también las vascas ELA y LAB. El PSOE, consciente de que la única posibilidad de dar la sorpresa en las urnas es movilizar a todo el electorado de izquierda desencantado que no le ha apoyado en anteriores comicios, ve con buenas ojos esta huelga. No en vano, necesita que la vivienda, que interpela mucho más duramente a PP y Vox, solape todo lo posible a otros asuntos que cargan toda responsabilidad sobre el Ejecutivo y Ferraz, como son la crisis de Ceuta o la corrupción, que siguen dando que hablar.

El caso es que, inopinadamente, cuando parecía absolutamente grogui después de tres años encajando constantes directos a la mandíbula, Sánchez llega al final de la legislatura y al decisivo asalto de las elecciones en su mejor momento en mucho tiempo. Eso no significa que sea suficiente para darle la vuelta a un pronóstico electoral que, aún a día de hoy, parece casi imposible de revertir, máxime viendo el vacío que se divisa a su izquierda por la desunión en un segmento político del que precisa imperiosamente para hacer besar la lona al bloque derechista. De lograrlo, la renombrada resiliencia de Sánchez adquiriría la categoría de legendaria.

Alberto Núñez Feijóo, en la reunión de la Junta Directiva del PP: Europa Press

El PP y la ansiedad desatada del favorito

La ansiedad, como ocurre con las prisas, no es buena consejera. Y el nerviosismo que muestra el PP cuando ha llegado el momento que tanto anhelaba, ilógico si se atiende al sentido casi unánime a su favor de los sondeos electorales, puede hacerle incurrir en errores que le den vida a un Pedro Sánchez que hace menos de tres semanas se asemejaba a un cadáver político tambaleante y abocado a ser desalojado de la Moncloa por la vía rápida. Se trata, por tanto, de un círculo vicioso del que intentan salir los populares con no demasiado acierto.

La vivienda es ahora mismo la patata caliente de la que en Génova se quieren deshacer sea como sea, tras tumbar una serie de medidas de protección social que claramente benefician a una gran parte de su electorado. La acusación dirigida al Ejecutivo de Sánchez, y no exenta de motivo, de inacción en esta materia durante sus ocho años de mandato no oculta que, quizás en esta ocasión, el empeño por echar abajo toda iniciativa gubernamental les haya jugado una mala pasada. Pero, lejos de recular, el PP parece sumido en una huida hacia delante en esta materia. En este sentido, chirrían bastante los vetos impuestos por PP y Vox a los minutos de silencio propuestos en el Senado, en la Asamblea de Madrid y en el pleno municipal de la capital española por la muerte de Maricarmen Abascal, escudados en una supuesta “manipulación emocional” de su figura por parte de la izquierda. Más hirientes son aún los insultos vertidos el pasado miércoles por el concejal popular de Vivienda de Benalmádena, que calificó a la de anciana fallecida de “puta sinvergüenza con miles de euros en el banco”. Las posteriores disculpas por su “grave error” no borran la toxicidad de unos comentarios que engarzan con una campaña de descrédito y escarnio dirigida contra Maricarmen y alentada por los más destacados voceros de la ultraderecha, que en una delirante hipótesis insinúan incluso que ha sido asesinada por la izquierda para contar con su particular mártir.

Otra clara muestra de la inquietud existente entre los populares es el recurso a alentar la amenaza del pucherazo, lo que enraíza con una tradición que viene desde los primeros tiempos de Aznar en la dirección del partido. Así, en línea con lo pregonado por Trump de cara a las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, también han aireado su desconfianza en torno al voto por correo en el Estado español. Al frente de la batalla conspiranoica se situaba, como no, Isabel Díaz Ayuso, quien la pasada semana pedía “a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo” al no fiarse de un Sánchez al que tildó de “trilero”. Le secundaron en cadena con entusiasmo otros dirigentes populares hasta llegar a su jefe, Alberto Núñez Feijóo. El que en su día fuera presidente de Correos dijo confiar plenamente en los trabajadores de este servicio público, pero “no en sus directivos”, marcando así doctrina.

El polémico caso del ático de una Ayuso desmelenada contra quienes le señalan como corresponsable de la situación de la vivienda fuerza aún más a Núñez Feijóo a evitar por todos los medios el asunto y desviar la atención hacia otras cuestiones. Así, el pasado miércoles visitó Ceuta y aseguró que, si gana las elecciones, su primer encargo como presidente será “recuperar la normalidad” en la ciudad autónoma. Ese parece que será su banderín de enganche.

El líder del PP no puede permitirse otro traspié como el de 2023, cuando pese a ganar las elecciones, no fue capaz de amalgamar la mayoría necesaria para evitar que Sánchez repitiera como presidente. Es plenamente consciente de que, si esta vez tampoco se hace con las llaves de la Moncloa, su carrera política estaría acabada. De ahí quizás la ansiedad por los señales de vida que empieza a emitir un PSOE al que él daba por muerto.

Además, Feijóo sabe que su principal baza para gobernar los próximos cuatro años no está en su propio partido, al que incluso se le vaticina una bajada de apoyos, sino en el crecimiento asegurado de Vox. A los de Abascal parece no penalizarles ni su postura en el tema de la vivienda ni siquiera las declaraciones de su diputado José María Figaredo -sobrino de Rodrigo Rato- en las que aboga por privatizar las pensiones. Porque no son argumentos racionales los que llevan a mucha gente de clase trabajadora a depositar su papeleta en la urna, sino el miedo, un motor de un potencia brutal. Un miedo que Vox proyecta en la población inmigrante, a la que vincula con una inseguridad ciudadana que no se cansan de inflar. Con una corriente a favor que recorre todo el mundo y que no deja de impulsarles, la ultraderecha se presenta a priori como la gran vencedora en los próximos comicios. Porque, además, a diferencia de fuerzas más apegadas al sistema como el PSOE y el PP, cuanto más fango cubra la arena política, más ganancia obtiene Vox.

Ada Colau es la candidata propuesta por Más Madrid para liderar el Frente Amplio. Europa Press

La (im)posible confluencia de la izquierda confederal

Objetivamente, el espectro político que más beneficiado debería verse a raíz del estallido de indignación desatado tras el desahucio de Maricarmen Abascal y su posterior muerte es, sin duda, el que se ubica a la izquierda del PSOE. Y es que sus postulados, especialmente en materia de vivienda pero también en otros campos, son los que mejor encajan con las reivindicaciones de un movimiento que, cada día más, se asemeja al del 15M, aquel que hace 15 años diera origen a partidos que, como Podemos, soñaron con tocar el cielo tras hacerse con 69 escaños –en coalición con otras fuerzas de ámbito autonómico- en su primera comparecencia en unas generales. Sin embargo, no parece que ese caudal de rebeldía y enfado que vuelve a brotar ahora vaya a saber ser canalizado a través de las urnas por la denominada izquierda confederal y trasladado al centro del poder legislativo, el Congreso de los Diputados. Porque, una vez más, y a pocos días de que expire el plazo para la oficialización de las candidaturas a los comicios del 29N, sigue enredada en la discusión sobre el liderazgo del Frente Amplio que, a bombo y platillo, anunciaron hace apenas una semana.

Si de partida ya parecía difícil que Podemos confluyera en esta nueva coalición impulsada desde Sumar, la negativa de las fuerzas integradas en este movimiento a aceptar la celebración de primarias abiertas para designar a un cabeza de lista, premisa planteada por la formación morada de Irene Montero y Ione Belarra, aleja aún más la posibilidad de una candidatura conjunta. Pero, además, las disensiones han llegado al seno del recién creado Frente Amplio, donde no ha gustado a los compañeros de viaje de Más Madrid que este partido, por su cuenta y riesgo, haya propuesto a Ada Colau como candidata a la presidencia del Gobierno y a su líder, Mónica García, como cabeza de lista por Madrid.

Por mor de la tendencia cainita que la persigue, la izquierda confederal parece abocada a ver cómo el peso efectivo de un apoyo electoral que, en esta especial coyuntura, podría crecer considerablemente se verá seguramente diluido como consecuencia de la fragmentación de las papeletas. La afirmación que el ministro Pablo Bustinduy, que se ha echado a un lado pese a ser visto por muchos como un buen candidato, de que la izquierda estaba “preparada” para la batalla electoral se antoja un brindis al sol. Ya lo apuntaba Gabriel Rufián, quien insistentemente sonaba como la clave de bóveda sobre la que podría pivotar una hipotética unión de fuerzas izquierdistas y que ha preferido encabezar la de ERC para intentar frenar el avance de la ultraderecha, al pedirle a Sánchez “cabeza fría” porque “a la izquierda del PSOE no hay nada votable”.

Según todas las encuestas, Sumar y Podemos perderán mucha fuerza respecto a las elecciones de 2023. Entonces comparecieron juntos y obtuvieron un 12,33% de los sufragios, lo que se tradujo en 31 escaños. Ahora, aun en el caso de que se obrara un milagro –el tiempo corre en su contra– y se diera la confluencia en el Frente Amplio, el sondeo de El País le augura un 9,2% de votos y entre 15 y 19 escaños. El panorama sería mucho más desolador para ambas formaciones si concurrieran por separado. Entonces, Sumar se quedaría en el 5,2% y no iría más allá de los siete diputados. A Podemos, su 2,3% apenas le daría para un par de representantes. Lo peor para su electorado, con todo, sería el botín de escaños que regalaría al bloque derechista por los caprichos de la Ley D’Hondt.