Los 213 diputados que dejarán de serlo a las 00.00 horas de este martes, cuando se haga efectiva la disolución del Congreso, podrán solicitar una indemnización de transición que se abonará en un único pago. La ayuda es incompatible con cualquier otro ingreso y tributa a Hacienda.
A falta de un acuerdo expreso de la Mesa del Congreso, la previsión es que corresponda a 52 días de sueldo, como en anteriores legislaturas. Su cuantía oscilaría entre los 7.300 y los casi 9.600 euros, según la circunscripción, a lo que se añadiría la parte proporcional de los complementos por el cargo.
Una vez publicado el decreto de disolución, solo 137 personas mantendrán la condición de diputados: los 68 miembros titulares de la Diputación Permanente, sus suplentes y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Los otros 213 parlamentarios podrán percibir la indemnización siempre que la soliciten expresamente y cumplan las condiciones.
El sueldo hasta la jornada de reflexión
El pago corresponde a la retribución que habrían percibido de continuar en activo durante los 52 días que transcurren entre la disolución y el día de reflexión, el próximo 28 de noviembre.
El cálculo incluye la denominada retribución constitucional, de 3.366,99 euros mensuales, y la indemnización para cubrir los gastos de la actividad parlamentaria: 1.032,38 euros para los diputados de Madrid y 2.162,85 euros para los del resto de circunscripciones.
Así, el pago único podría situarse entre los 7.300 euros de los parlamentarios de Madrid y los cerca de 9.600 euros de los demás, más la parte proporcional de los complementos que les correspondan por su cargo.
Los integrantes de la Diputación Permanente seguirán siendo diputados hasta la constitución del nuevo Congreso, que deberá celebrarse en los 25 días posteriores a las elecciones del 29 de noviembre. Por tanto, será como muy tarde el 24 de diciembre, aunque la fecha exacta se conocerá cuando se publique el decreto de disolución.
Una indemnización posterior por cese
Tras las elecciones, los diputados que no renueven su escaño y no perciban otro sueldo público podrán solicitar una indemnización por cese, siempre que hayan permanecido en el Parlamento un mínimo de dos años.
Esta prestación equivaldrá a una mensualidad de la asignación constitucional —actualmente, 3.366,99 euros— por cada año de mandato, con un máximo de 24 meses. El abono se realizará mes a mes, para permitir ajustes y suspender los pagos si cambia la situación laboral del exparlamentario.