La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido tanto al juez como a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección que Hacienda le ha abierto tras ser imputado, que se extiende a su esposa, y que considera "unilateral" e iniciada "caprichosamente".
El exlíder del PSOE ha enviado un escrito a la Agencia Tributaria en la que pide declarar la nulidad de las inspecciones tributarias o, de forma subsidiaria, que Hacienda suspenda de oficio sus actuaciones inspectoras por prejudicial penal, al estar Rodríguez Zapatero investigado penalmente en la Audiencia Nacional.
Argumentos
Argumenta la defensa de Zapatero que pese a existir un procedimiento penal en tramitación "la AEAT decide unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado".
Además, al comunicar su inspección Hacienda pide colaboración tanto a Zapatero como a su mujer, María Sonsoles Espinosa, lo que a juicio de su letrado coloca al expresidente "en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar activamente con las AEAT puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa".
Por su parte, el Gobierno Sánchez ha reiterado su confianza en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a pesar de que la Abogacía del Estado se ha personado en el caso que le investiga por las joyas millonarias encontradas en la caja fuerte de su despacho y considera que ambas cosas son compatibles.
En ese sentido, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado este martes que en cualquier procedimiento judicial el juez ofrece tomar acciones a la administración que ha podido ser perjudicada, en este caso Hacienda por sendos delitos fiscal y de contrabando, por no declarar las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros.
La Audiencia Nacional, que investiga a Zapatero, ofreció emprender acciones judiciales a la Agencia Tributaria y ésta lo puso en conocimiento de la Abogacía del Estado "que actúa como abogado de las administraciones públicas", ha apuntado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.