Las dudas surgidas en torno al modo en el que la Homeland Security Investigations (HSI), la agencia gubernamental de Estados Unidos dedicada a la delincuencia transnacional, se hizo con el contenido de unos dispositivos electrónicos que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha incluido como medio de prueba en el auto en el que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto cobro de comisiones ilegales en el rescate de la aerolínea Plus Ultra son vistas por la defensa del expresidente del Gobierno como el talón de Aquiles de una causa que confían en poder desmontar desde su propia base. Así lo ha manifestado el abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, quien sostiene que hay motivos para anular el caso Plus Ultra por la forma de analizar un disco duro intervenido a un abogado y el teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea.
El letrado del exdirigente socialista considera, en un escrito remitido al juez Calama, que si no se acredita qué resolución judicial autorizó analizar las conversaciones intervenidas que motivaron la "imputación" al exlíder socialista "de actos penalmente reprochables", estas "tienen que ser excluidas del procedimiento", "con las consecuencias procesales que ello conlleva", lo que comprendería, "en su caso, promover un incidente de nulidad".
Moreno Catena califica de "crucial" el disco duro que contiene conversaciones de WhatsApp un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero, y "otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros" que se practicaron en 24 de octubre de 2024 en atención a unas solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza. Dichas conversaciones, analizadas en informes policiales de la UDEF, figuran en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y que dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que después lo derivó a la Audiencia Nacional.
El abogado subraya que el material digital fue intervenido "con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero" (Francia y Suiza), si bien ha sido "utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto". Y eso requiere "una habilitación judicial" que ahora solicita en su escrito, en el que pide "que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas".
Por ello, reclama que la Fiscalía indique qué resolución judicial autorizó "a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas" para que "se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida", puesto que él no ha logrado hallarlas. Y advierte de que, si no se hubiese obtenido dicha autorización, "las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas”.
En otro escrito, la defensa de Zapatero recurre la decisión del juez de no extender la solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos para que aporte más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea imputado. A su entender, "urge" aclarar "todas las circunstancias" que permitirían la utilización en la causa de los elementos obtenidos del dispositivo de Reyes por Estados Unidos, "más allá de la mera autorización norteamericana, de modo que no se pueda seguir la instrucción con fundamento total o parcial en el contenido del referido dispositivo". Cabe resaltar que en el volcado de ese móvil se hallaron mensajes de WhatsApp con referencias directas a Zapatero, como aquel en el que el propio Reyes se refería a la presunta mediación del expresidente entre Plus Ultra y el Ministerio de Transportes a fin de lograr un rescate de 53 millones por parte del Gobierno español para paliar los efectos de la pandemia con la frase: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”.
De cualquier modo, la nulidad a la que apunta la defensa de Zapatero solo sería aplicable al 'caso Plus Ultra' y no a la pieza separada abierta por el juez Calama para investigar al expresidente por presuntos delitos fiscales y de contrabando a raíz del hallazgo en su despacho de un lote de joyas valorado en 1,3 millones de euros.