El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y Sareen Sarea han cumplido un año de trabajo conjunto para incorporar a las políticas residenciales la experiencia y el conocimiento de las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi.
La colaboración permitirá elaborar un diagnóstico de las principales necesidades habitacionales y un mapa de experiencias y buenas prácticas impulsadas por las organizaciones sociales, que se prevé concluir durante el segundo semestre de 2026.
Según ha explicado el Ejecutivo vasco, esta colaboración "parte de una realidad compartida por ambas partes: las dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla se agravan cuando coinciden con situaciones de exclusión, ausencia de redes familiares, problemas de salud, discriminación, violencia machista, sinhogarismo o necesidad de apoyos para desarrollar una vida autónoma".
Durante este primer año, el Departamento, Alokabide y Sareen Sarea han desarrollado un proceso de escucha y análisis dirigido a conocer las necesidades de vivienda de las personas refugiadas, las víctimas de violencia machista, las personas sin hogar, las personas mayores, los jóvenes sin referencias familiares y otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad.
El trabajo combina sesiones con las redes y entidades del Tercer Sector, encuentros con personas usuarias y cuestionarios dirigidos a las organizaciones sociales. A lo largo del proceso se han abordado cuestiones como el acceso al parque público, la coordinación con los servicios sociales, el acompañamiento durante el arrendamiento, la prevención de la pérdida de la vivienda, la convivencia, la mediación comunitaria y la adaptación de las soluciones residenciales a "situaciones personales muy diferentes".
En palabras de la directora general de Alokabide, Patricia Val, "el proceso busca convertir la experiencia acumulada por las entidades sociales en criterios de actuación concretos. No se trata únicamente de identificar necesidades, sino de conocer qué apoyos funcionan y cómo pueden integrarse en la gestión residencial".
En este sentido, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha destacado que "las entidades sociales tienen un conocimiento directo de las circunstancias que pueden convertir la vivienda en un factor de exclusión" e incorporar esa experiencia "mejora las decisiones públicas y permite construir respuestas más cercanas, especializadas y eficaces".
La colaboración iniciada permitirá elaborar un diagnóstico de las principales necesidades habitacionales y un mapa de experiencias y buenas prácticas impulsadas por las organizaciones sociales. La previsión es que ambos trabajos estén concluidos durante el segundo semestre de 2026.
El objetivo es identificar qué problemáticas se repiten, qué colectivos necesitan respuestas específicas y qué iniciativas pueden ampliarse, replicarse o integrarse en el sistema vasco de vivienda.
Según ha precisado Itxaso, "disponer de una vivienda asequible aporta estabilidad, pero determinadas personas necesitan también acompañamiento social, mediación, apoyos para la convivencia o coordinación con otros servicios públicos". Así, ha defendido, "la vivienda debe ser el punto de partida para recuperar autonomía y desarrollar un proyecto de vida".
En este marco, el trabajo permitirá avanzar hacia fórmulas de vivienda con acompañamiento, mejorar los procedimientos de acceso y reforzar la coordinación entre Gobierno Vasco, ayuntamientos, servicios sociales y entidades especializadas.
ALIADO
La iniciativa se enmarca en el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036 y enlaza con las recomendaciones formuladas por el Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi.
Entre las líneas identificadas se encuentra el desarrollo de entidades sin ánimo de lucro capaces de captar, promover o gestionar vivienda asequible para colectivos vulnerables. El pasado 1 de junio se aprobó, además, la creación de un grupo específico de colaboración público-social para seguir desarrollando estas fórmulas.
"El Tercer Sector puede ser un aliado estructural de la política de vivienda", ha defendido Itxaso. "Las instituciones aportamos regulación, financiación, parque y capacidad de intervención. Las entidades sociales suman proximidad, especialización y conocimiento de las personas. La combinación de ambas capacidades puede generar soluciones más sólidas", ha señalado.
Según han explicado desde la Consejería, el balance de este primer año servirá para ordenar los aprendizajes acumulados, validar las principales necesidades detectadas y orientar una nueva fase de colaboración "centrada en medidas aplicables y evaluables".