Una jueza federal de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que deje de amenazar o intimidar a los funcionarios electorales, en medio de las presiones ejercidas en las semanas previas a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
La magistrada Trina Thompson ha concedido este viernes una orden de restricción temporal al considerar probable que las actuaciones de la Administración interfieran en la organización de los comicios y priven del derecho al voto a personas que pueden ejercerlo legalmente, según recoge CNN.
Mientras la medida esté vigente, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional no podrán exigir a los responsables electorales de ningún estado que separen papeletas, eliminen votantes de los censos o detengan el procesamiento de los votos. También quedan bloqueadas las amenazas de procesamiento penal utilizadas para imponer cambios en los procedimientos electorales.
Listas de votantes cuestionadas
El conflicto tiene su origen en una operación del Departamento de Seguridad Nacional que cruza los censos estatales con registros federales para identificar a posibles votantes sin ciudadanía estadounidense. Los funcionarios electorales sostienen que las listas elaboradas mediante este sistema no son fiables.
La Administración defiende que su objetivo es impedir el voto de personas que no tienen derecho a participar y ha amenazado con procesar a los responsables electorales que, a su juicio, no hagan lo suficiente para evitarlo. La resolución obliga además al Gobierno a informar a Thompson de cualquier solicitud de registro, citación de un gran jurado u otro requerimiento para acceder a materiales electorales o papeletas relacionado con esas listas.
La demanda fue presentada por una coalición de sindicatos y organizaciones de derechos civiles, entre ellas la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Estas entidades alegan que la actuación del Ejecutivo vulnera la Ley de Derecho al Voto y supone una injerencia inconstitucional en las competencias de los estados para administrar las elecciones.
Por su parte, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha dictaminado que el Gobierno federal no tiene derecho a intervenir en la forma en que los estados verifican la ciudadanía de sus votantes.