UGT ha anunciado que vigilará el desarrollo del proceso extraordinario de regularización para que la obtención de los permisos se traduzca en empleos dignos y permita a las personas migrantes abandonar la economía sumergida y la explotación laboral.
El responsable confederal del Área de Migraciones del sindicato, Cesc Poch, ha explicado que 630.000 solicitudes han sido admitidas a trámite y que, hasta el momento, se han resuelto 11.000. El seguimiento continuará mientras se examinan los expedientes y una vez concluya el procedimiento.
Más de un millón de solicitudes
El proceso recibió 1.175.000 peticiones en todo el Estado, una quinta parte de ellas correspondientes a menores de edad. Catalunya encabeza la relación por comunidades autónomas, con 257.602 solicitudes, seguida de Madrid, con 202.424; la Comunitat Valenciana, con 167.286; Andalucía, con 161.557, y Castilla-La Mancha, con 52.041.
Poch analizó estos datos en Toledo junto a la secretaria general de UGT de Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, y la responsable regional de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa.
Una bolsa de empleo irregular
Para el sindicato, el elevado número de peticiones evidencia la existencia de “una gran bolsa de empleo irregular” vinculada a la explotación laboral y la economía sumergida. La falta de autorización de residencia y trabajo deja a muchas personas sin capacidad para ejercer plenamente sus derechos y las expone a condiciones precarias.
UGT sostiene que el proceso no solo debe mejorar la situación de los trabajadores, sino también combatir el fraude laboral, dignificar el empleo y favorecer una competencia más justa entre las empresas.
Efectos sobre las cuentas públicas
La incorporación de estos trabajadores al mercado laboral regulado también elevará las cotizaciones a la Seguridad Social y contribuirá al sostenimiento de los servicios públicos y del estado del bienestar, según el sindicato. Asimismo, permitirá cubrir puestos en sectores que necesitan mano de obra.
UGT rechaza que los trabajadores migrantes sean un problema y los considera parte de la solución a las necesidades laborales. No obstante, advierte de que el 92% de quienes regularizan su situación se incorpora a los grupos de cotización más bajos, una circunstancia que afecta especialmente a las mujeres.