El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invocado por primera vez desde su aprobación hace 30 años un procedimiento legal que permite deportar rápidamente y casi en secreto a inmigrantes considerados "terroristas extranjeros" a través de un tipo de tribunal especializado.
El Departamento de Justicia tiene de plazo hasta este miércoles para presentar información complementaria sobre la solicitud hecha ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC), un órgano que había permanecido inactivo desde su creación aprobada por el Congreso de EE.UU. en 1996.
La solicitud fue realizada el pasado 15 de julio sin que se revelara la identidad de la persona a la que se pretende deportar. Al día siguiente, el tribunal con sede en Washington celebró una audiencia en la que se expuso el caso y la motivación del Ejecutivo republicano para recurrir a esta vía. El trámite había pasado desapercibido hasta que el sitio Court Watch detectó los documentos judiciales.
Requerimiento de la jueza instructora
"Las respuestas (del Departamento de Justicia) convencieron al Tribunal de que el Gobierno podría beneficiarse de una consideración más detenida (sobre la solicitud de deportación)", escribió en la orden la jueza Lisa Joan Ericksen, presidenta del ATRC. Por este motivo, Ericksen dio de plazo hasta este miércoles a la Fiscalía para detallar sus argumentos, salvo que se pida una prórroga.
La iniciativa de la Administración estadounidense ha llamado la atención de los expertos legales por tratarse de la primera ocasión en que se recurre a este tribunal desde su creación.
Dudas constitucionales
La petición, que se mantendrá bajo reserva (sin acceso público) y sin notificar previamente a la persona afectada, podría generar una batalla legal por supuestas vulneraciones constitucionales. Las dudas sobre los procedimientos de este órgano especializado se remontan a finales del siglo pasado: un informe del Senado de 1998, dirigido por el entonces legislador republicano Jon Kyl, ya advertía de que "un caso inadecuado" presentado ante dicho órgano "podría suponer la anulación constitucional del ATRC", según recoge la publicación especializada Law Dork.
Para prosperar, el Departamento de Justicia debe demostrar y argumentar fehacientemente que el extranjero es un terrorista y supone un riesgo directo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, entre otros requisitos. Este nuevo movimiento se produce después de que el Gobierno haya encajado varios reveses en los tribunales ordinarios en causas de deportación, en su mayoría por no haber respetado el debido proceso.