El de 15 de febrero de 2023 una revelación sacudió al fútbol estatal. La opinión pública, por una primicia lanzada por la cadena SER, fue conocedora de que la Fiscalía comenzó una investigación en mayo de 2022 por los presuntos pagos del Barcelona a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Lo que un inicio se cifró en un abono de 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018 terminó siendo una relación prolongada de pagos a lo largo de casi dos décadas, entre 2001 y 2018, y por una cantidad de 8,4 millones. El denominado caso Negreira cuenta ahora con siete encausados, entre ellos el propio Barcelona.
La Agencia Tributaria detectó unos pagos indebidamente tributados por Enríquez Negreira que procedían del Barcelona, y con una dudosa finalidad. Estos se habían llevado a cabo a tres empresas compartidas por el excolegiado y su hijo, Javier. Por eso, arrancó la investigación.
Tres años después de que trascendiera la noticia, el caso permanece abierto en los tribunales, en fase de instrucción y con personas todavía pendientes de declarar, después de que tres jueces lo tuvieran en sus manos. No existe sentencia alguna. No se han anulado resultados, no ha habido descenso de categoría ni tampoco multas económicas. Es decir, aún no hay consecuencias deportivas ni administrativas. El expediente judicial avanza con lentitud mientras el debate social y reputacional permanece abierto. La cuestión es evidente: ¿por qué un club pagó durante años a quien ocupaba un cargo de alta responsabilidad en el órgano que evalúa y coordina a los árbitros?
El Barça y quienes lo han representado desde la figura presidencial han sostenido en todo momento que los pagos se debían a informes técnicos sobre árbitros, asesoramiento estratégico y análisis arbitral. Una práctica, según han apuntado, común en el fútbol profesional. Enríquez Negreira, por su parte, negó haber influido en decisiones arbitrales o designaciones.
Sin embargo, la Fiscalía apreció indicios de delito y apuntó a una posible corrupción deportiva. El caso adquirió una mayor gravedad al incorporarse la hipótesis de cohecho al considerar que el CTA podría ejercer funciones públicas bajo el amparo de la Federación Española de Fútbol. Y esta visión, que recogía la posibilidad de que un árbitro fuera una autoridad a efectos penales, pasó a ser una de las claves del procedimiento.
José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a la salida de los juzgados.
Los siete encausados
Los acusados son Enríquez Negreira y su hijo, Javier, así como los expresidentes Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler, además del propio club. Siete encausados por los posibles delitos de administración desleal, falsedad documental y corrupción deportiva entre los que no aparecen Joan Gaspart y Joan Laporta, que ejercieron el cargo presidencial durante los hechos investigados. En ambos casos, sus posibles implicaciones prescribieron. Ernesto Valverde y Luis Enrique, que ejercieron como entrenadores en esa etapa y declararon como testigos ante el juez, aseguraron desconocer la existencia de esos informes que supuestamente podían ayudar a mejorar resultados deportivos. Un discurso que desacreditaba el argumento del club.
La UEFA, por su parte, abrió un expediente informativo para determinar si los hechos vulneraban la normativa de integridad. La posibilidad de una sanción deportiva, que podría ser la exclusión de competiciones europeas, sobrevoló en Barcelona. Aunque finalmente el máximo organismo del fútbol decidió supeditar cualquier decisión al devenir de la Justicia en España.
El Real Madrid, mientras, se ha personado como perjudicado. El club que dirige Florentino Pérez exigió las auditorías realizadas al Barcelona entre 2010 y 2021, además de las cuentas económicas. Si bien, la jueza Alejandra Gil Lima desestimó la solicitud. Gil Lima es la tercera persona que lleva el caso judicialmente, tras Silvia López y Joaquín López Aguirre. La primera impulsó la causa judicial y el segundo se jubiló durante este tiempo, por lo que el caso está sobre la mesa de Gil Lima. Esta jueza deberá escuchar el próximo 10 de abril la versión del club como entidad jurídica. Aún se desconoce quién se personará para dar testimonio.
Más allá de la tipificación penal, el caso Negreira ha abierto una grieta en la confianza de la sociedad. La sospecha viene siendo un ruido permanente. Cada decisión arbitral alimenta la alargada sombra de los pagos del club culé al que fuera vicepresidente del CTA.
El único hecho probado: los pagos
Durante este periodo, la Federación Española reformó el CTA y adoptó medidas de transparencia a fin de proteger al colegio arbitral, porque la credibilidad se ha visto seriamente dañada. Porque a día de hoy existe un hecho probado: el Barça pagó una millonada de manera sostenida en el tiempo a un alto cargo del estamento arbitral. Lo que la Justicia debe determinar es si esos pagos constituyen delito, porque pocos dudan de que se trata una violación desde el prisma ético, y si perseguían alterar la limpieza de la competición. De momento no se ha acreditado la manipulación de ningún partido ni la alteración de una clasificación. Pero esto no ha disuelto una inquietud pública que aguarda a respuestas judiciales. El debate sigue vivo tres años después de que trascendiera públicamente y casi cuatro años más tarde de que se iniciara la investigación.