En 2023, España dio un paso histórico con la aprobación de la Ley de Bienestar Animal para animales de compañía. La norma nacía con un objetivo claro: redefinir la relación de la sociedad con los animales de compañía, ampliar su protección y establecer nuevas obligaciones para ciudadanos e instituciones.

Tres años después, la pregunta sigue en el aire: ¿ha transformado realmente la realidad o se ha quedado en una declaración de intenciones?

El abogado especializado en derecho animal Eloi Sarrío Santana, nos ofrece una respuesta matizada: la ley marca el rumbo correcto, pero su aplicación práctica está lejos de ser plena.

El gran avance: de la dispersión normativa a un modelo común

Uno de los mayores logros de la ley ha sido poner orden en un escenario fragmentado. Hasta su aprobación, la protección animal dependía de 17 normativas autonómicas sin un marco común.

El salto a un sistema estatal ha supuesto, según Sarrío, un auténtico "cambio de paradigma", especialmente en el tratamiento de las colonias felinas.

Colonias felinas: de la invisibilidad jurídica a la responsabilidad pública

La regulación de los gatos comunitarios es, probablemente, el avance más tangible de la ley. Por primera vez, las administraciones públicas asumen la responsabilidad directa de su gestión, poniendo fin a décadas de vacío legal.

Además, medidas como la obligatoriedad del microchip para gatos a partir de los seis meses refuerzan su control y trazabilidad. Un paso clave para combatir el abandono y mejorar su protección.

Una implantación incompleta: burocracia y falta de desarrollo

Pese a los avances, la realidad operativa dista mucho del ideal. La ley se encuentra, según el experto, en una "fase intermedia" de aplicación.

Faltan piezas esenciales:

• Reglamentos que desarrollen aspectos clave, como la formación obligatoria para responsables de animales.
• Un sistema estatal de registros unificado y plenamente funcional.

Hoy, los registros siguen siendo autonómicos y no están totalmente conectados entre sí, lo que dificulta el control del abandono y la cría irregular.

A los problemas técnicos se suma una cuestión política: la aplicación desigual según el territorio.

Desde el ámbito jurídico se denuncia que algunos ayuntamientos ignoran la normativa sobre colonias felinas, en lo que Sarrío describe como una "insumisión ideológica".

La paradoja es evidente: consistorios que alegan falta de recursos para cumplir la ley destinan, al mismo tiempo, importantes partidas a otros ámbitos, como festejos taurinos.

Confusión ciudadana y normas a medio desarrollar

La entrada en vigor de la ley también ha generado dudas entre la población.

• Los perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP) siguen sujetos a licencia, seguro y uso de bozal.
• Además, el seguro obligatorio para todos los perros existe en la ley, pero sigue pendiente de desarrollo reglamentario.

Esta falta de concreción ha alimentado la incertidumbre y la desinformación.

Menos escaparates, pero nuevos canales ilegales

Uno de los cambios más visibles ha sido la prohibición de exhibir animales en escaparates, una medida que ha contribuido a reducir la compra impulsiva.

Sin embargo, el mercado no ha desaparecido: simplemente se ha desplazado hacia circuitos menos visibles o directamente ilegales, lo que obliga a reforzar la inspección y el control.

La gran incoherencia: los perros de caza fuera de la ley

Si hay un punto especialmente controvertido es la exclusión de los perros de caza.

Para Sarrío, se trata de la "principal incoherencia" de la norma. Introducida durante su tramitación parlamentaria, esta excepción rompe la lógica jurídica de la ley y complica su aplicación.

En la práctica, si la normativa que se aplica a un animal (por ejemplo un perro) se determina por el uso que le dé su responsable, se genera inseguridad y dificulta enormemente su protección efectiva

Más conciencia social, pero falta de ejecución institucional

A pesar de todo, hay señales positivas. Cada vez más ciudadanos consultan de forma preventiva antes de adoptar o tomar decisiones importantes relacionadas con sus animales.

Este cambio refleja una mayor concienciación social, aunque contrasta con la lentitud institucional.

El reto pendiente: hacer que la ley funcione

Para que la Ley de Bienestar Animal cumpla su propósito, nuestro invitado plantea tres claves fundamentales:

• Coherencia normativa, sin exclusiones injustificadas.
• Desarrollo reglamentario completo, que permita conectar registros y aplicar la ley de forma efectiva.
• Control administrativo real, que obligue a todas las instituciones a cumplir sus responsabilidades.

Porque, en última instancia, la eficacia de una ley no se mide por lo que dice, sino por lo que cambia.

Y tres años después, la protección animal en España sigue esperando que el papel se convierta, por fin, en realidad.