Tras 18 años de lucha para ser reconocidos e indemnizados, las compensaciones a las víctimas de amianto podrán tramitarse a partir del 18 de septiembre después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes el desarrollo del reglamento que permitirá a los afectados acceder a las ayudas del fondo de compensación, que oscilarán entre 32.000 y 96.000 euros.
"Las ayudas se quedan cortas"
La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Asviamie, ha luchado durante los últimos dos años y medio para que se habilitara este fondo que permitiera los cobros. Sin embargo, el portavoz de Asviamie, Jon García, ha dicho que a pesar de que se cumple uno de los objetivo de su lucha, el sentimiento es agridulce ya que las indemnizaciones son bajas y muchos de los afectados se verán obligados a recurrir a una larga travesía por los tribunales para conseguir una compensación mayor.
"Se han quedado cortos y en muchos casos los afectados van a tener la tentación de recurrir a la vía judicial para obtener una indemnización mayor. Aquellos que puedan claro, porque no hay que olvidar que hay muchos afectados que no tienen esa opción"
Fondos dependientes de los PGE
Además, García ha lamentado que la indemnización no llegará a todos los afectados puesto que la partida actual reservada a 25 millones de euros, y el resto deberá esperar a que se aprueben los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Trámites
Según la norma, los interesados deberán solicitar al Departamento de Salud el certificado del diagnóstico de patologías derivadas de la exposición al amianto. Una vez que el organismo emita el certificado, podrán presentar la solicitud de la compensación al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que deberá resolver en seis meses.
Si en este plazo no hay respuesta expresa, el silencio se entenderá negativo y, por lo tanto, no se reconocerá el importe de la compensación al solicitante. El amianto es un agente cancerígeno responsable de diversas patologías como asbestosis o cáncer de pulmón y la creación del fondo salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos, tras años de reivindicación de sindicatos y asociaciones de víctimas.