Sánchez lamenta la condena al fiscal y apunta a un recurso al Constitucional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró ayer que su Ejecutivo “respeta la sentencia del Tribunal Supremo” sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Eso sí, a continuación añadió su “discrepancia” con la “orientación” del fallo que le condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos en relación con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su primer pronunciamiento público sobre el adelanto del fallo que se conoció el pasado jueves, Sánchez afirmó, en una rueda de prensa en Johannesburgo al finalizar la cumbre del G20, que “ahora mismo no tiene sentido” hablar de un indulto a García Ortiz. Apostilló que hay “otras instancias jurisdiccionales” que pueden pronunciarse una vez se conozca la sentencia, en referencia al Tribunal Constitucional.

García Ortiz podría presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo Tribunal Supremo como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Constitucional. “Creo en la inocencia del fiscal general”, insistió Sánchez, e hizo hincapié en que periodistas “acreditados” afirmaron en sede judicial que el fiscal general no era el origen de las supuestas filtraciones y que “nada tiene que ver con ese delito” por el que ha terminado siendo condenado.

“En una sociedad democrática como la que vive España desde luego podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia –aseveró–, y yo la manifiesto”. Reiteró que pondrá en marcha el procedimiento para nombrar un nuevo fiscal, pero sin aportar pistas sobre su identidad. “Nosotros lamentamos este fallo”, certificó en cualquier caso.

El jefe del Ejecutivo hizo hincapié en que “hay otras instancias jurisdiccionales” en las que, avanzó, “se tendrán que dirimir algunos aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia que a lo mejor puedan ser controvertidos”, en referencia velada al Constitucional y posteriormente a la Justicia europea. Sin embargo, consideró que plantear la posibilidad de un indulto “ahora mismo no tiene sentido”.

Además, Sánchez cargó contra el PP, recordando las palabras del que fuera senador popular Ignacio Cosidó, que en el año 2018 dijo que podrían ejercer control sobre el Tribunal Supremo. “A mi no me habrán escuchado nunca decir, como han dicho otros partidos políticos, que vamos a controlar la Sala Segunda, que es la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por la puerta de atrás”, dijo. Por el contrario, aseguró que su Gobierno ha sido siempre respetuoso con la independencia judicial y con las sentencias del Supremo, “como no puede ser de otra manera”, subrayó.

El jefe del Ejecutivo evitó dar detalles sobre quién será el nuevo fiscal y tampoco aclaró si el nuevo nombramiento será inminente, en el Consejo de Ministros que tendrá lugar mañana. “Lo sabrán cuando corresponda”, afirmó, tras reconocer la labor “muy positiva” de García Ortiz en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.

“Cuando tengan el nombre verán cuál es el perfil”, añadió, y se limitó a apuntar que su Gobierno siempre ha propuesto personas “con dilatada trayectoria” jurídica como, a su juicio, es el caso del propio fiscal general condenado.

Movilización ayer frente a la sede del Tribunal Supremo EFE

Protestas

Por otro lado, varios centenares de personas salieron ayer a las calles en Madrid y en Santiago de Compostela para protestar por la condena al fiscal general del Estado, quien dejó huella en la ciudad gallega como fiscal en el caso por el hundimiento del Prestige. Al grito de “vergüenza”, “golpistas con toga” o “esto es política, no justicia”, ciudadanos se manifestaron en la capital del Estado frente a la sede del Supremo, que el pasado jueves adelantó la pena a García Ortiz.

En Galicia, la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela fue el lugar elegido para una convocatoria anónima difundida por las redes sociales, con los lemas en gallego Stop al golpe de Estado y No a la justicia antidemocrática. Los concentrados frente a la catedral compostelana corearon consignas como “fuera fascistas del Tribunal Supremo”, “no al golpe de Estado en la justicia” o “jueces fascistas”.